El Gobierno de Mendoza privatizó una parte de la Cordillera

La entrega gratuita de 12.351 hectáreas, con una importante porción de la Cordillera con bienes naturales estratégicos, se formalizó a través del Decreto 2138/2021, firmado por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, y el ministro de Gobierno, Victor Ibáñez, el 23 de diciembre de 2021 y publicada  en el Boletín Oficial el 7 de enero pasado.

El Decreto dice «Asígnese a favor de la firma El Azufre S.A., CUIT 30-71609616-1. los Sectores 1 y 8 del ‘Campo Potreros de Cordillera – Norte’, Nomenclatura Catastral 19-01-88-5100-935642-0000-2, Padrón Rentas 19/11857-9, con una superficie de 5639 ha 6452,34 m2, y del Sector 3 del ‘Campo Potreros de Cordillera – Norte’, Nomenclatura Catastral19-01-88-5100-949685-0000-7, Padrón Rentas 19/11858-7, con una superficie de 6712 ha 0.199,92 m2, ubicados en el Departamento de Malargüe, Mendoza».

Entre los fundamentos que esgrime el decreto, dice textual: «La firma acredita la realización de importantes inversiones en los terrenos de los que resulta cesionaria, correspondientes al desarrollo futuro de un centro turístico de esquí». Esto quiere decir que los agraciados particulares beneficiarios de la solidaridad del Gobernador de Mendoza ya estarían instalados en la zona y en posesión del territorio.

También se aduce que, supuestamente, han comprado permisos de ocupación a pobladores, no obstante ya hay denuncias respecto de que esa zona está comprendida dentro del relevamiento de pueblos originarios, realizado en cumplimiento de la  Ley Nacional 26.160, ya que esa zona es reclamada por las lof Buta Mallín y Pincheira, como zona de veranada para la pastura de su ganado y desde ya como ocupantes ancestrales de esas tierras.

También existen denuncias respecto de que a la empresa El Azufre S.A. le ha sido otorgado un derecho de uso de agua del Río Valenzuela (se desconoce el caudal otorgado), por parte del Departamento General de Irrigación, sin ser aún titulares de la tierra, siendo un hecho inédito, ya que de acuerdo a la Ley de Aguas de Mendoza, este bien natural precisamente es inherente a la tierra.

Sin estudio ambiental ni audiencia pública

Se trata de un proyecto denominado “El Azufre”, supuestamente un centro de ski que dicen estar construyendo o emplazando en esa zona de la cordillera, sin haber realizado o presentado ningún Estudio de Impacto Ambiental ni realizado ninguna Audiencia Pública, ni hecho público ningún expediente del proyecto, instancias obligatorias según la Ley Nacional 25.675 y la Ley Provincial 5961.

Lo más grave es que el Gobierno de Mendoza hizo entrega de la propiedad de un sector de la cordillera a una empresa de Buenos Aires que está llevando a cabo el emprendimiento, sin haberle exigido previamente estas obligaciones establecidas tanto en la legislación nacional como en la provincial, y encima lo hizo gratis. Además de la entrega, es muy notable el desapego oficial al estado de derecho.

Si bien la responsabilidad de esta entrega del territorio recae ineludiblemente en el Gobierno de Mendoza, no se debe dejar pasar por alto que el Gobierno Nacional está al tanto del proyecto y no ha puesto ninguna objeción al respecto, sobre todo teniendo en cuenta que la titularidad originaria de los campos denominados «Potreros de Cordillera» era del Estado Nacional Argentino y su administración está asignada al Gobierno de Mendoza. Por este motivo es que tiene poder de veto, tanto por ser el titular originario de las tierras que fueron asignadas a la provincia con cargo, como por tratarse de una zona de frontera. Consecuentemente, el Gobierno Nacional es cómplice de estas maniobras, en clara consonancia con la  implementación del modelo extractivista implementado en todo el territorio de la Nación Argentina como política de Estado.

Por otra parte, hace pocos meses el propio gobierno de Mendoza rechazó el proyecto para construir el centro de ski Punta Negra, en la cordillera del Departamento Tunuyán (Resolución 141/2011 de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial), luego de un Estudio de Impacto Ambiental desastroso, una Audiencia Pública desfavorable y habiendo iniciado el proyecto de manera ilegal antes de cumplir con estas instancias obligatorias (ni más ni menos tal como está ocurriendo con El Azufre).

Este fallido proyecto tiene muchos puntos en común con El Azufre, como por ejemplo que también era de un grupo empresario de Buenos Aires, al cual también el propio gobierno de Mendoza unos años antes le había entregado la tierra fiscal (en este caso no gratis, pero sí a un módico precio a través de un remate oficial).

¿Qué es lo que se acaba de entregar?

El territorio entregado (o cedido, o regalado) a la empresa El Azufre S.A. se ubica en el departamento de Malargüe y está casi completamente rodeado por territorio chileno, con lo cual supuestamente es una “zona de frontera” o “zona de seguridad nacional”. Por ello sería fundamental, en el marco de la defensa nacional, el ejercicio de la soberanía territorial por parte de las instituciones específicas del propio Estado, en lugar de entregarla gratuitamente a un grupo empresario que, dada la envergadura económica de su proyecto, seguramente será rápidamente entregado a un grupo inversor extranjero, como ya ha sucedido con el centro de ski Las Leñas.

Lo más grave es que esa porción del territorio entregado posee bienes comunes naturales estratégicos, que en la actualidad, bajo un contexto de cambio climático global (y su consecuencia local directa: la crisis hídrica) cobran una importancia fundamental para la vida y la economía de la población.

El sector de la cordillera entregado está en gran parte cubierto de glaciares y humedales altoandinos, además posee numerosas nacientes de ríos y arroyos e incluso también vertientes termales.

Se trata de la cuenca del Río Valenzuela, una de las zonas hídricamente más activas de Mendoza, ya que tiene una superficie activa de 15.000 hectáreas que drenan un río con un módulo de once metros cúbicos por segundo (m3/seg). Para darse una idea de la cantidad de fuentes de agua entregadas a este grupo privado, el Río Mendoza tiene el triple de caudal, pero su cuenca activa es 40 veces más grande (590.000 hectáreas que drenan un módulo de 33 m3/seg).

De las 15.000 hectáreas de cuenca activa del Río Valenzuela, aproximadamente 2500 están cubiertas de glaciares y ambiente periglaciar y 4000 están cubiertas de humedales altoandinos, es decir, la mitad del territorio que se les entregó. En el primer caso se trata de una superficie que está protegida por la Ley Nacional 26.639 y directamente no se puede tocar. En el segundo caso, el dato no menor es que se trata del humedal altoandino más grande de toda Mendoza: las vegas (terrenos fértiles que constituyen las llanuras aluviales de los ríos) del Valenzuela, que comprenden un humedal de varios kilómetros de extensión, conformado por miles de hectáreas de pastizales higrófilos y pantanos de altura, y cientos de lagunas y manantiales, una enorme fuente de agua dulce.

Seguramente si tuviésemos  Ley de Humedales, esto estaría prohibido, sobre todo porque, más allá del tinte de “sustentable” que se le pretende dar al proyecto (eufemismo discursivo recurrente si los hay en el mundillo del lobby corporativo), ni empresarios ni Gobierno sabe informar qué harán con tantos efluentes en un ambiente de característica periglacial y siendo naciente de ríos y arroyos, donde los procesos naturales de descomposición de la materia fecal se lentifican hasta el infinito e impacta negativamente en el ecosistema altoandino, tal como ocurre por ejemplo con  los deshechos del Cerro Aconcagua.

Las vegas del río Valenzuela oportunamente fueron estudiadas por profesionales de la Dirección de Recursos Naturales Renovables que determinaron técnicamente que ese ambiente debería ser preservado y así se dio a conocer en el Informe Ambiental 2006 y el posterior Plan Ambiental 2008 (la única vez que el Gobierno de Mendoza esbozó una estrategia de Conservación de la Biodiversidad). En 2013 se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para crear el Parque Nacional Pehuenche, que incluía la conservación de estos territorios y tuvo aval científico de los centros de estudios regionales del Conicet. Con esto está clara y fundamentada la vocación territorial de esa región, dada la importancia estratégica desde lo hídrico y lo biológico que tiene la misma y que su uso turístico tiene que ir de la mano de la conservación de la naturaleza y no del extractivismo, como para que el Gobernador se la esté regalando a un grupo privado que ni siquiera ha presentado un informe ambiental de lo que pretende hacer allí.

En lugar de ello, debería haber un área natural protegida provincial o  un parque nacional, porque así lo ha demostrado la ciencia.

El otro detalle no menor que se está obviando es que el lugar donde se pretende construir una supuesta ciudad en medio de la Cordillera es considerada por el ámbito científico como la zona con mayor riesgo volcánico de Argentina, pues se halla a los pies de la caldera del complejo volcánico Planchón-Peteroa, el cual tiene un largo historial geológico de erupciones, algunas de ellas de envergadura catastrófica y por lo cual la zona está expuesta a la emanación de gases tóxicos, lavas, caída masiva de tefras (fragmento sólido de material volcánico expulsado en la erupción), flujos piroclásticos y lahares (flujo de sedimento y agua que se moviliza desde las laderas de volcanes).

Las evidencias de la actividad del Volcán Peteroa y su riesgo actual está ampliamente estudiado, y continúa siéndolo: existen numerosas publicaciones (incluso en el ámbito oficial) de los  riesgos que dicha caldera eruptiva representa para la población humana.

Tierras que pueden terminar en manos de una corporación extranjera

El Azufre S.A. es una empresa que se conformó en 2018, con sede en Buenos Aires y con un capital social de 100.000 pesos. Se le ha entregó gratis una porción de territorio, de incalculable valor, a una empresa muy nueva y completamente insolvente.

Los dueños del proyecto no son ningunos novatos, ya que se trata de personas con experiencia en el manejo de negocios corporativos: Daniel Alejandro Nofal, Alejandro David Spinello y José Ignacio Beccar Varela son los dueños de El Azufre. Son dueños de empresas de comunicación corporativa con estrategias comerciales de marketing a nivel global, están vinculados al Grupo Clarin y a los Beccar Varela (conocida familia oligárquica de Buenos Aires, que entre otras cosas tiene un estudio jurídico dedicado al lobby corporativo y un estudio inmobiliario dedicado a transacciones de grandes propiedades).

La inversión que anuncian es de 88 millones de dólares, dinero que obviamente no incluye el valor de la tierra que recibieron gratis. Es por ello que, si el proyecto es de la envergadura que anuncian y de concretarse, lo más probable es que se lo vendan a alguien que tenga ese dinero o lo pueda conseguir prestado, más lo que vale toda esa tierra con todo lo que tiene adentro. Hay que tener en cuenta que uno de los propósitos de  El Azufre S.A. son los negocios inmobiliarios, según su acta constitutiva.

A modo de colofón

Pasó con el centro de ski Las Leñas: una iniciativa de un grupo de empresarios supuestamente visionarios que terminó en manos de una corporación inglesa, no solo el proyecto sino también un importante sector de la cordillera al cual la gran mayoría tiene prohibido el acceso por ser “propiedad privada”.

La historia es una comprobación de redundancia cíclica y así se escribe otro capítulo más de la nefasta entrega de la Cordillera, así de simple y de intrascendente y sin que a nadie se le mueva un pelo, más allá de alguna queja por un alambrado que impide el acceso a una laguna cordillerana. Porque en verdad, más allá de los entregadores de ocasión, si el patrimonio público fuera defendido como corresponde por la sociedad, estas cosas no sucederían.

Fuente: Agencia Tierra Viva