Las deudas ambientales de Colombia en 2021: deforestación, líderes asesinados, resguardos indígenas y áreas protegidas bajo amenaza

Colombia lleva dos años consecutivos encabezando un listado del que nadie se sentiría orgulloso: ser el país donde se asesinan a más líderes ambientales en el mundo.  El informe de la organización internacional Global Witness, publicado en septiembre de este año, documentó que 65 de los 227 homicidios de defensores del medioambiente registrados en el mundo en el 2020 tuvieron lugar en Colombia (29 %).

El panorama se tornó más oscuro pues las continuas dilaciones del Congreso llevaron a que el proyecto para la ratificación del acuerdo de Escazú —que promueve la transparencia, el acceso a información ambiental oportuna y la protección de los líderes ambientales— terminara archivándose pues nunca fue debatido.

Paralelamente al incremento en la violencia contra los líderes, la deforestación también aumentó. En julio de este año el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló que el país perdió más de  170 mil hectáreas de bosque en el 2020 y que el 64 % de esa pérdida se concentró en la Amazonía. Lo que ha ocurrido en 2021 todavía es incierto pues el único reporte que el Ideam ha publicado para este año corresponde al trimestre enero-marzo. En él se indica que hubo una disminución significativa. Sin embargo, los expertos aseguran que para confirmar una tendencia a la baja en la pérdida de bosques se necesitaría una reducción constante durante varios años.

La expansión de los hipopótamos en la cuenca media del río Magdalena y su potencial arribo al Caribe colombiano también fue otro tema ampliamente discutido durante el 2021.

Aunque hay algunas buenas noticias como la propuesta de ampliar y crear nuevas áreas marinas protegidas, los expertos entrevistados para este reportaje coinciden en que el balance ambiental de Colombia no es positivo. Como ya ha ocurrido en años anteriores, muchos de los problemas y conflictos urgentes del 2020, que se esperaba que fueran resueltos este año, o por lo menos encaminados hacia una solución, seguirán arrastrándose en el 2022. Estas son las deudas ambientales de Colombia en el 2021.

Lo malo: la incertidumbre de la deforestación

Anualmente el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publica la cifra oficial de deforestación del año anterior. Según esta información, la pérdida de bosques en el 2020 fue de 171 685 hectáreas, mientras que en 2019 fue de 158 894 hectáreas. Es decir, hubo un incremento del 8 %.

Sin embargo, el Ideam también aseguró que la información sobre el primer trimestre de 2021 muestra una drástica reducción en las alertas de deforestación en relación al mismo periodo en el 2020. “Es una maravillosa noticia que durante el primer trimestre de 2021, que es el más crítico en la Amazonía, hayamos tenido una reducción. Pero no podemos comparar un trimestre contra todo un año”, asegura Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Para Botero, con la información de un trimestre, o incluso con la de un año, no se puede afirmar que las cosas ya están cambiando, más cuando Colombia lleva un lustro (2016-2020) en donde la tendencia ha sido totalmente irregular, con subidas y bajadas en la deforestación.

El director de FCDS considera que hay diferentes factores que influyen en que en el primer trimestre de 2021 se haya dado una reducción. Dice que hay unos esfuerzos gubernamentales grandes donde sobresalen los acuerdos de conservación con campesinos.

Desafortunadamente, para Botero el problema es que, según los cálculos de la FCDS, ese grupo corresponde a una tercera parte de la deforestación total en la Amazonía porque las otras dos terceras partes pertenecen a los famosos acaparadores de tierras y apropiadores ilegales de baldíos. “Calculamos que más o menos entre 80 000 y 100 000 hectáreas al año se están tragando los especuladores. Las otras 40 000 a 60 000 hectáreas son responsabilidad de los campesinos con los que ahora hay relación y acuerdos”, comenta.

El gobierno colombiano, desde 2019, ha dicho que la protección de los recursos naturales es un asunto de seguridad nacional pero “sigue siendo muy delicado pensar la política de deforestación solo en términos de seguridad nacional porque hay muchos matices”, asegura Catalina Oviedo, bióloga e integrante del Centro de Alternativas al Desarrollo ( Cealdes), ONG colombiana que trabaja en desarrollar alternativas para enfrentar los conflictos socioambientales.

Oviedo lleva varios años trabajando con comunidades campesinas e indígenas en la Amazonía y asegura que el país aún va atrasado en el robustecimiento de la institucionalidad para atender un conflicto como la deforestación, que está muy ligado al tema de acceso y derecho a la tierra —como un problema estructural en Colombia— y a la economía de bonanzas como el cultivo de coca con fines ilícitos.

Aunque faltan muchas más acciones, en agosto, el gobierno colombiano dio un paso importante en la lucha contra la pérdida de bosques con la entrada en vigor de la  nueva Ley de Delitos Ambientales, donde se incluye a la deforestación con una pena de hasta 15 años de cárcel. Además, estableció otros cinco nuevos delitos ambientales y endureció las penas y sanciones para otros ya existentes.

Lo riesgoso: áreas protegidas y territorios indígenas bajo amenaza

Las cifras oficiales de deforestación del Ideam para 2020, y presentadas a mediados de 2021, mostraron  un aumento del 2 % en la pérdida de bosques al interior de los Parques Nacionales Naturales. Hubo 15 886 hectáreas taladas en estos espacios protegidos, los parques Tinigua y La Macarena volvieron a estar entre los más críticos y las amenazas han crecido al norte del parque Chiribiquete y en la reserva Nukak.

Catalina Oviedo asegura que la frontera agropecuaria está presionando mucho las áreas protegidas. Hacia el lado de la reserva Nukak se ha visto un aumento de la praderización para acaparamiento territorial y también avanzan los cultivos de coca, “muy relacionado con la fallida implementación del acuerdo de Paz, donde muchas familias cultivadoras volvieron a la resiembra, motivadas también por el aumento en el precio de la coca”. También comenta que hacia el lado de Charras, en San José del Guaviare, se empieza a ver un aumento de cultivos de palma en grandes extensiones y un aumento de la ganadería hacia el parque Chiribiquete.

Mongabay Latam conoció que  el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) tiene identificadas las vacas que están en zonas rurales que tienen su territorio, o parte de él, dentro de áreas protegidas: parque La Macarena (54 800 reses), parque Picachos (22 800), parque la Paya (4900) y Reserva Nukak (4400). Además,  una reciente investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) reveló que el número de vacas sin permiso para pastar pasó de 80 719 en 2016 a 194 808 en 2020 —un crecimiento de 141 por ciento— en veredas colindantes con zonas de reserva forestal y parques nacionales naturales y regionales, o que incluso tienen territorios dentro de estas áreas protegidas.

Rodrigo Botero resalta también el peligro al que se están viendo expuestos muchos resguardos indígenas en la Amazonía. “El resguardo de Yaguará es hoy por hoy el epicentro del conflicto armado, es la puerta a lo que podría ser la amplificación del conflicto a gran escala dentro de Chiribiquete”.

De hecho, desde principios del 2021 volvieron las amenazas de los grupos armados que se denominan como la “autoridad” de la zona hasta que, en agosto,  la comunidad indígena no aguantó más y se desplazó. Algunas familias de Yaguará II llegaron a San Vicente del Caguán, otras a Neiva y otras a Bogotá.

Un líder indígena, que pidió la reserva de su nombre debido a que ha recibido múltiples amenazas, asegura que los grupos armados amenazaron con reclutar a los menores de edad y no tuvieron otra opción que irse para cuidar a los niños y jóvenes. “Nos llenamos de temor. Ante las amenazas e imposiciones nadie se iba a quedar, los grupos no querían detener la tala y nosotros estábamos luchando por conservar esos bosques”, asegura.

La agroindustria también se ha convertido en una amenaza para etnias indígenas como los sikuani.  Un grupo de menonitas —rama del cristianismo anabaptista— ha quemado al menos 135 hectáreas de bosque en los llanos orientales en el departamento del Meta, en un territorio que es reclamado por los indígenas, quienes fueron desplazados de sus tierras ancestrales hace años por grupos paramilitares.

Mientras esto ocurre,  otro grupo de indígenas sikuani, desplazados en el departamento de Vichada, reclaman 13 000 hectáreas de tierra donde actualmente hay proyectos de palma de aceite manejados por familiares y allegados del exsenador Alfonso Mattos a través de dos empresas: Agrícola El Encanto y Aceites del Vichada.

Mateo Estrada, asesor en temas ambientales y cambio climático de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), asegura que el gobierno de Iván Duque incumplió la mayoría de los acuerdos a los que llegó con los pueblos indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) —la hoja de ruta que establece los objetivos de gobierno, fijando programas, inversiones y metas para el cuatrienio—.

“El gobierno solo ha cumplido con el  7 % de los 42 acuerdos a los que llegamos”, dice Estrada y destaca el incumplimiento en compromisos como la creación de la Comisión Nacional Ambiental Indígena, la firma del decreto de las autoridades indígenas como autoridad ambiental, la reglamentación sobre pago de servicios ambientales para territorios indígenas y la creación de una nueva figura de áreas protegidas para territorios indígenas.

Estrada también asegura que a los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana les preocupó mucho la reactivación de la minería después de las restricciones más fuertes que hubo por el COVID-19, así como la reactivación de grupos armados y el incremento de los cultivos de coca con fines ilícitos en los territorios amazónicos. “Las medidas del gobierno para enfrentar estos problemas fueron militarizar o criminalizar y esa no es una solución integral”, destaca.

Lo crítico: no cesan los asesinatos de líderes

Las masacres y los asesinatos de líderes sociales, ambientales e indígenas siguen en aumento. En febrero de 2021,  el informe presentado por la organización Front Line Defenders reveló que durante el 2020 mataron al menos a 331 defensores de derechos humanos en el mundo y 177 casos se presentaron en Colombia (53 %), ubicando al país como el más letal.

Meses después, la organización Global Witness  publicó su informe anual sobre homicidios de defensores ambientales en el que, por segundo año consecutivo, Colombia se posicionó como el país más peligroso del mundo para ejercer la defensa del medioambiente y los territorios con 65 de los 227 asesinatos reportados, es decir, el 29 % de los casos.

Uno de los asesinatos que más estremeció al país en el 2021 fue el de Gonzalo Cardona Molina, ocurrido en los primeros días del año. Cardona era conocido como  el guardián del loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis). El campesino, con su trabajo de más de 20 años, fue determinante para que esta ave no se extinguiera en el país.

El departamento del Cauca se enfrentó a un ataque de grandes proporciones en abril, donde  por lo menos 30 indígenas resultaron heridos después de que les dispararan con ráfagas de fusil, en el municipio de Caldono, luego de que comenzaran una jornada de erradicación de hoja de coca como protesta por el asesinato de la gobernadora indígena Sandra Liliana Peña, ocurrido el 20 de abril de 2021.

Cifras de organizaciones nacionales de derechos humanos dan cuenta de que la violencia no ha parado en el 2021. Datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz ( Indepaz) muestran que hasta el 2 de diciembre fueron asesinados 162 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.

Por otra parte,  el informe semestral enero-junio del  Programa Somos Defensores registró 524 hechos violentos contra defensores de derechos humanos. El 41,6 % ocurrieron en medio de las manifestaciones sociales que iniciaron con  el paro nacional del 28 de abril  donde se protestó por el asesinato de líderes ambientales, la no ratificación del Acuerdo de Escazú, el posible retorno de la aspersión con glifosato, la deforestación en la Amazonía y la llegada del fracking a Colombia.

A pesar de que el reporte muestra que los homicidios se redujeron en comparación con el mismo periodo de 2020, hubo un incremento en agresiones no letales como las amenazas, las detenciones arbitrarias o los robos de información.

Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos Defensores, asegura que “tenemos una implementación deficitaria del Acuerdo de Paz y eso ha contribuido a una reconfiguración de las violencias en los territorios, particularmente en liderazgos sociales y ambientales”.

Castro asegura que lo que se ha visto este año en Colombia, y otros países de Latinoamérica, es un cierre de los espacios y garantías para dialogar, lo que lleva a que aumenten las protestas para reivindicar derechos “y eso tiene como respuesta acciones violentas, donde los liderazgos ambientales son frecuentemente atacados. En Colombia esto se agrava porque le sumas el conflicto armado”, comenta.

Lo feo: posponer y posponer hasta hundir el Acuerdo de Escazú

El presidente de Colombia, Iván Duque, firmó el acuerdo de Escazú el 11 de diciembre de 2019 y en julio de 2020 presentó el proyecto de ley ante el Congreso de la República, con mensaje de urgencia, para que fuera ratificado. Durante el segundo semestre del año pasado no hubo nada nuevo que contar y las esperanzas estaban puestas en que los debates se dieran en el primer semestre de 2021, antes de que el periodo legislativo finalizara el 20 de junio. Sin embargo, la legislatura acabó y el proyecto fue archivado porque no se debatió ni una sola vez.

Mauricio Madrigal, director de la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública ( MASP) de la Universidad de Los Andes, dice que una vez que Escazú llegó al legislativo empezaron a surgir muchos mitos alrededor del tema. “Lo que más nos llamó la atención fueron tres puntos: que se perdería soberanía, que habría derecho al veto por parte de las comunidades y que se frenaría el desarrollo”, comenta.

En el primer semestre de 2021, entidades de cooperación internacional y económicas como la OCDE, el BID y el Banco Mundial brindaron un respaldo fuerte al Acuerdo y los congresistas que se oponían a la ratificación —principalmente del Centro Democrático, partido político del presidente Iván Duque— empezaron a bajarle el tono al discurso de rechazo pero llegaron con nuevos argumentos. Entre ellos, estaban afirmaciones como que dar más participación y acceso a la información genera mayor conflictividad, y que Escazú no se necesita porque Colombia ya cuenta con suficientes normas en materia ambiental y de participación.

Madrigal destaca que “hubo cero promoción por parte del Ministerio de Ambiente debido a la oposición del partido de gobierno. Eso llevó a dilación tras dilación hasta que archivaron el proyecto por falta de debate”. Con todo, el ministro de Ambiente Carlos Eduardo Correa dijo que el Ministerio volvería a presentar el proyecto después de que el Congreso retomara actividades el 20 de julio.

Sin embargo, todo quedó en incertidumbre cuando el presidente Duque aseguró que, antes de presentar de nuevo el proyecto de ley, era necesario socializar el acuerdo con las comunidades.

“Cuando el presidente dijo que iban a socializar Escazú con las comunidades locales, dije: ‘Eso está perdido’, porque en realidad había que socializar con los gremios y el partido de gobierno que son los que se oponen”, comenta Rodrigo Botero, director de la FCDS.

El sector ambiental colombiano quedó aún más preocupado cuando el 29 de octubre, más de tres meses después de que empezara a sesionar nuevamente el Congreso, el Ministerio de Ambiente por fin presentó el proyecto de ley. “No se presentó con mensaje de urgencia, lo cual hace prácticamente imposible que se logre aprobar antes de junio de 2022, con elecciones parlamentarias y presidenciales de por medio, es imposible”, resalta Mauricio Madrigal.

El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez asegura que “el presidente va a quedar mal con ese tema” porque el gobierno no le ha dado prioridad a Escazú y  las socializaciones fueron solo una dilación.

“No reconocer jurídicamente los derechos de las personas defensoras del ambiente es una forma de violencia estatal porque, en el país donde más matan y amenazan personas defensoras, llevamos un año y medio discutiendo el instrumento que los reconoce”, concluye Mauricio Madrigal.

Lo polémico: el manejo de la especie invasora más grande del mundo

Durante 2021 uno de los temas que más polémica causó en Colombia fue el manejo de los hipopótamos que se han expandido en la cuenca media del río Magdalena. A pesar de que la controversia se avivó este año, es una deuda que el país tiene con el medio ambiente desde hace décadas y que se salió de control, dicen los expertos, por la falta de acción de las autoridades ambientales.

Una de las críticas que más hacen los biólogos que han estudiado el tema, como Nataly Castelblanco, es que aún no se considere oficialmente al hipopótamo como especie invasora.

Organizaciones como  el Instituto Humboldt ya han documentado los problemas: su alimentación podría reducir el crecimiento de la vegetación nativa y es agente de cambio en los ecosistemas que habita, alterando el paisaje y procesos ecológicos. Adicionalmente, los hipopótamos no cuentan con depredadores en Colombia, se han apoderado de los hábitat de especies como manatíes y nutrias, y hay preocupación pues sus heces contaminan las aguas y su pisoteo es fuente de degradación y erosión.

Pero nada de esto fue suficiente para detener la controversia que causó  un estudio que publicó un grupo de investigadores en el cual hacen un llamado sobre la urgente necesidad de que las autoridades colombianas tomen decisiones de manejo, donde una de ellas definitivamente tiene que ser el  sacrificio de varios de estos animales.

Para Castelblanco, autora principal del estudio, esta es una decisión política difícil para el gobierno porque estos animales son carismáticos y se tiene una férrea oposición por parte de sectores animalistas.

El Instituto Humboldt está preparando un trabajo de campo para conocer más sobre las dinámicas y características de las poblaciones de hipopótamos, mientras que Cornare, una de las autoridades ambientales en el Magdalena medio, está aplicando un anticonceptivo para machos y hembras con el cual esperan mitigar el problema. Sin embargo, los especialistas hablan de por lo menos tres dosis por individuo, cada seis meses, para garantizar la efectividad. Una tarea nada fácil.

Castelblanco celebra esta iniciativa pero insiste en que, debido al gran número de hipopótamos que ya existen en el país, las estrategias de esterilización y contracepción por sí solas no son suficientes ya que este animal puede vivir, incluso, hasta 70 años; tiempo en el que seguirá generando impactos sobre los ecosistemas nativos.

A todo este complejo panorama se suma que  ya se han empezado a traficar crías de hipopótamos y el temor de los expertos es que este enorme mamífero termine por invadir otras regiones del país, como la Orinoquía, generando graves problemas ambientales.

Lo bueno: compromisos para la protección de los océanos

Varias de las noticias ambientales positivas del año para Colombia se anunciaron desde la cumbre climática de las Naciones Unidas (COP 26), celebrada a principios de noviembre en Glasgow, Reino Unido.

La primera de ellas tiene que ver con un anuncio del presidente Iván Duque en el que, en medio del compromiso del país con la iniciativa mundial 30 x 30 —que busca proteger el 30 % de las áreas marinas y terrestres para el 2030—, Colombia logrará esta meta en sus océanos para el 2022, es decir, ocho años antes de lo previsto en la iniciativa.

Actualmente, las áreas marinas protegidas representan el 13,39 % de la superficie marina del país. Según dijo Duque, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ya cuenta con una hoja de ruta para proteger cerca de 16 millones de hectáreas adicionales a las casi 12,5 millones que actualmente ya cuentan con una figura de conservación.

Para lograrlo se gestionará la creación de una nueva área protegida en las Colinas y Lomas de la Cuenca del Pacífico Norte, otra en la cordillera Beata en el Caribe y se ampliarán el Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona, el Santuario de Flora y Fauna de Malpelo y el Distrito de Manejo Integrado Yuruparí-Malpelo.

“Todos esos anuncios son bienvenidos si detrás vienen unos planes donde haya un manejo eficiente y una vigilancia del área protegida, porque declararlas es una cosa y hacerlas funcionar es otra”, comenta el biólogo marino Juan Armando Sánchez, director del laboratorio en biología molecular marina ( Biommar) de la Universidad de Los Andes.

Para Sánchez es muy importante que Colombia invierta en océanos y recursos hidrobiológicos porque el país tiene un gran rezago de conocimiento y exploración. “El océano debe estar presente en la cosmovisión del ciudadano pero muchos lo ven solo como una mancha azul en el mapa”, resalta.

Por su parte, el exministro Manuel Rodríguez asegura que la intención es buena. “Que se amplíen las áreas marinas protegidas está muy bien, pero la protección de esas áreas es como una especie de juego a Dios porque el gobierno realmente no tiene ninguna capacidad para protegerlas”.

Otra de las noticias importantes fue el anuncio de los gobiernos de Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá para extender sus áreas marinas protegidas en el Pacífico Tropical Oriental y así favorecer la protección que brinda el Corredor Marino en el Pacífico Este Tropical (CMAR), una iniciativa que nació en 2004 y donde se propuso proteger las islas Galápagos (Ecuador), Gorgona y Malpelo (Colombia), Coiba (Panamá) y Cocos (Costa Rica).

Los presidentes de los cuatro países anunciaron que con esta ampliación también se avanzará en la creación de una Reserva de la Biosfera Marina que abarque el área marina que hay entre las islas.

Nuevamente, los expertos valoran que exista una voluntad política pero insisten en que se necesitan planes concretos para lograrlos, los cuales aún no se conocen.

Para Rodríguez, este tipo de declaratorias pueden espantar un poco la pesca ilegal ya que con áreas protegidas más amplias algunos pesqueros se abstendrán de ingresar,  “pero esos serán la minoría”, destaca, y agrega que “los países que se unieron para crear ese corredor de protección tienen poca capacidad para velar por esa protección. Sin embargo, el solo hecho de hacer el anuncio ya es positivo”.

Fuente: Mongabay