Perú

Los conflictos sociales en el Perú se incrementaron a 207, luego que se registraran seis nuevos casos en relación de mayo a junio, revela un nuevo reporte de la Defensoría del Pueblo.

Comunidades afectadas por constantes derrames petroleros cuestionan los compromisos incumplidos del gobierno para atender la salud de más de 60 mil indígenas. Exigen honrar los acuerdos y que las autoridades dejen de burlarse de sus derechos.

Con cerca de 19 millones de hectáreas y una tendencia estable, la minería ocupa más del 14% del territorio nacional. Así lo revela la organización Cooperacción, que detalla que las regiones cuyas superficies están más ocupadas por concesiones mineras son Apurímac, Moquegua, La Libertad, Áncash y Lima.

Ante la ola de violencia en la Amazonía, urge poner en marcha una hoja de ruta para salvaguardar la vida de los defensores y defensoras indígenas. Así coincidieron representantes de pueblos indígenas durante el conversatorio virtual “Sinergias entre el Banco Mundial y el Acuerdo de Escazú”, realizado el pasado 5 de abril. Los líderes también pidieron al Banco Mundial incluir entre sus políticas los derechos considerados en el Acuerdo de Escazú, el primer tratado internacional que busca proteger a los defensores indígenas.

“¡Agua sí. Minas no!”. Con este lema, las hermanas de la Marcha Mundial de las Mujeres de la zona Macronorte del Perú plantean la defensa de los territorios, las cabeceras de las cuencas, los páramos y los bosques ante los megaproyectos extractivistas que amenazan el Buen Vivir y los derechos ancestrales de los pueblos. “Nos ubicamos en la macro región norte, articulando a los departamentos de Cajamarca, Piura, Lambayeque y La Libertad”, describen las Defensoras, quienes nos invitan a viajar allí donde la resistencia tiene rostro de mujeres indígenas y campesinas.

Durante la pandemia, 798 comunidades ubicadas principalmente en Amazonas, Huánuco y Loreto, fueron amenazadas y afectadas por proyectos extractivos y de infraestructura. En América Latina, Perú es el país que tiene el mayor número de comunidades indígenas y campesinas cuyos derechos colectivos fueron amenazados y afectados durante la pandemia.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) presentó ocho propuestas prioritarias de su Agenda Grande que busca garantizar la existencia de los pueblos indígenas amazónicos mediante el desarrollo con identidad a fin de alcanzar la Vida Plena.

Organizaciones indígenas del Pueblo Shipibo expresaron su sentir ante la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró improcedente la demanda de amparo interpuesta en el año 2015 contra las empresas Ocho Sur y Plantaciones de Pucallpa, así como contra el Gobierno Regional de Ucayali por la vulneración de los derechos colectivos de la comunidad nativa Santa Clara de Uchunya.