Perú

El Procurador Henmer Alva Neyra, del MINCUL, declaró infundada la demanda de amparo presentada por las comunidades campesinas de Arboleda de Puno.

"Es imprescindible la toma de conciencia en todos los niveles de la población de que el ambiente que nos rodea y de donde obtenemos nuestros recursos, viene a ser parte inherente al hombre, a la sociedad y a las instituciones; toda acción emprendida para alcanzar el desarrollo que anhelamos, debe de implementarse utilizando las herramientas y tecnología compatibles con el entorno, no desequilibrando las fuerzas dinámicas de los ecosistemas naturales".

La deforestación por minería aurífera en la Amazonía sur peruana alcanzó niveles históricos máximos tanto en el 2017 como en el 2018.

De los 67 casos de biopiratería, que guardan vínculo con los saberes ancestrales de los pueblos indígenas del país y sus recursos genéticos, 45 de ellos se resolvieron a favor del Estado peruano. Otros 18 casos restantes todavía se encuentran en proceso de solución. 

Las comunidades campesinas y nativas deben cumplir procedimientos con más de veinte pasos, que –en algunos casos– se prolongan hasta por veinte años de espera, para el reconocimiento y titulación de sus tierras comunales. Ello se debe a un régimen jurídico obsoleto y discriminatorio, vigente por más 30 y 40 años, que debe ser reformado y simplificado de manera integral.

La detención en Pucallpa del director regional de agricultura (Isaac Huamán) y el director de saneamiento físico y legal de la propiedad agraria (Christopher Hernández), acusados por delitos vinculados al tráfico de tierras, marca un hito en una historia reciente de conflictos por la tierra y deforestación en Ucayali. Estos funcionarios eran los principales responsables de los procesos de titulación en la región, tanto para titulaciones comunales como individuales. 

El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTAW) reiteró su pedido a las autoridades para limpiar el derrame de petróleo ocurrido en la comunidad nativa Mayuriaga el 27 de noviembre.

Luego de la cuarta reunión del  Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) de la Hidrovía Amazónica, organizaciones regionales indígenas exigen la paralización inmediata del proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) mientras no se asegure la consulta previa, libre e informada.