Gobierno minero, resistencia indígena

Las Bambas se instaló en 2004 de la mano de la empresa minera suiza Xstrata Cooper pero en 2014 fue traspasada a la china MMG por casi seis mil millones de dólares. Poco después, el conflicto entre comunidades y empresa se dispara. En febrero de 2015, un grupo de 400 comuneros retuvo durante cinco horas a cien trabajadores y en setiembre se realiza un paro provincial con un saldo de tres muertos y 23 heridos (15 civiles y 8 policías), por enfrentamientos entre policías y comuneros.

El estado de emergencia y la represión son el núcleo del repertorio estatal frente a las comunidades. En enero pasado el conflicto volvió a dispararse con enfrentamientos entre los comuneros de Fuerabamba, que dejaron 11 policías heridos y un campamento de la policía quemado. Los comuneros rechazan la construcción de una carretera que atraviesa su territorio sin haberlos siquiera consultado.

La comunidad de Fuerabamba fue trasladada de lugar, ya que se asentaba justo en lugar donde se instaló la mina de cobre. Se trata de 450 familias comuneras a las que se construyeron nuevas viviendas “estilo suizo”, se las compensó con dinero y en el nuevo asentamiento (a dos kilómetros del original, a 3.800 metros de altitud) cuentan con centro de salud, instituciones educativas y hasta el cementerio que fue completamente trasladado.

El caso Las Bambas puede servir de termómetro de lo que sucede en todo el “corredor minero”, una carretera de 500 kilómetros que atraviesa tres provincias (Apurímac, Cusco y Arequipa) y 215 centros poblados donde viven 50 mil personas, en su mayoría pertenecientes a comunidades indígenas quechuas, que “tienen suspendidos sus derechos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”, por la aplicación de estados de emergencia, según la ONG CooperAcción.

El corredor vial se ha convertido en pieza estratégica en el Perú, ya que incluye cinco grandes unidades mineras en explotación (entre ellas Las Bambas) y conecta no menos de cuatro proyectos exploratorios importantes. En ese marco, la Policía Nacional firmó en secreto 31 convenios con empresas mineras para la protección de sus negocios. Los policías se trasladan en camionetas de las empresas y tienen bases en los campamentos de las mineras, lo que convierte a la PN en una guardia privada empresarial. Estos mecanismos permiten hablar de un “gobierno minero” en la región, en el que participan Estado y empresas.

En una mirada amplia del conflicto minero en torno a Las Bambas, sobresalen dos cuestiones. Por un lado, 500 comuneros tienen procesos por haber participado en protestas contra la empresa minera. Pero la represión es apenas una cara del conflicto. Las consecuencias más profundas de la presencia minera pueden resumirse en el desmembramiento de las comunidades por la división que provocan los emprendimientos.

El periodista Jaime Borda, director de la ONG Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco, asegura que “desde 2006 hasta 2014 la mayoría de los dirigentes comunales han terminado mal su mandato, con acusaciones de aprovechamiento del cargo, de malos manejos económicos y de negociar sólo a favor de sus familiares”. Por los cuantiosos recursos que manejan las empresas, los cargos de dirección en las comunidades son altamente disputados, pero además las mineras operan en las comunidades para que elijan personas afines a sus intereses.

Borda concluye que en muchos casos “la comunidad ya no reacciona como un grupo coherente sino como una suma de individuos que velan cada uno por sus propios intereses”. Además, los terrenos comunales se parcelan y se titulan como propiedad privada, porque para la empresa minera “es más fácil negociar con las familias que con la comunidad”.

Al parecer, este es el destino que le aguarda a las regiones donde los mega emprendimientos extractivos se imponen. Toda una cultura y una historia son transformadas para favorecer al capital.

Fuente: Desinformémonos