Perú

El proyecto Hidrovía Amazónica vulnera el principio constitucional precautorio, lo cual acarrea un vicio de nulidad. Así de claro y tajante es el análisis jurídico de Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL).

El derrame de crudo ha contaminado los ríos de la región y sus peces, el principal sustento de sus pobladores. El Estado ha sido negligente en la respuesta al desastre.

"Esta es la historia de cómo una comunidad indígena yagua, asentada en el Trapecio Amazónico peruano, ahí donde pocas autoridades posan la mirada, fue dividida en dos para construir un camino vecinal. Pero también es la historia de cómo desde que esta vía empezó a aparecer en el 2001, desató una pelea por el territorio con la llegada de invasores que abrieron de inmediato chacras en ambas orillas, algunas de ellas con plantaciones ilegales de hoja de coca que abastecen hoy al narcotráfico, la actividad ilícita que más golpea y devasta la zona".

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) rechazó de manera contundente el proyecto Hidrovía Amazónica y exige declarar su inviabilidad por amenazar gravemente a los pueblos y a la Amazonía.

La Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) rechazó la Declaración de Interés para la Interconexión de las ciudades de Pucallpa en Perú y Cruceiro do Sul en Brasil que firmaron sus gobernadores en Bogotá, Colombia.

En la Cordillera del Cóndor. Declaró fundada la demanda de amparo de los pueblos awajún wampis del Cenepa porque se vulneró el derecho a la consulta previa.

Durante 68 días cientos de campesinos de las comunidades vecinas a la mina Las Bambas (Apurímac, Perú), cortaron la carretera por la que empresa estatal china Minerals and Metals Group (MMG) exporta cobre a través del “corredor minero” hasta el puerto de Matarani en el océano Pacífico. Los comuneros de Fuerabamba levantaron pequeñas chozas de paja a los lados de la vía, desde las cuales resisten a la minera para forzarla a negociar.

El sector agrícola nacional está en crisis. Más de tres millones de productores agropecuarios están abandonados por el Gobierno peruano. Por esa razón, organizaciones gremiales de agricultores y ganaderos han consolidado sus demandas en una Plataforma de Lucha y Diálogo. Dentro de los puntos más importantes de la plataforma está la implementación de la Ley de la Agricultura Familiar, que permitiría reclamar el 10% del presupuesto que los gobiernos regionales y locales invierten en agricultura.