México

Aprovechando el caos político en México, las empresas trasnacionales de transgénicos, junto a varios investigadores y autoridades mexicanas, intentan, otra vez, que se apruebe la experimentación con maíz transgénico en el país, paso indispensable para luego aprobar la siembra comercial a gran escala

El procedimiento legal no ha sido completado, alerta la especialista Silvia Ribeiro. "Quieren aprovechar la situación política para conceder los permisos experimentales". México, paradigma para la siembra por ser "centro de origen" de ese grano, advierte

En el municipio de Elota, Sinaloa, existen 12 campos hortícolas donde se siembra, cosecha y empaca tomate, pepino, chile, calabaza y berenjena

La convocatoria para participar en la convención nacional democrática representa para el agro mexicano el inicio de una nueva etapa de lucha por la renovación de las instituciones del Estado

Señora directora: Dado que el artículo 2 de la Ley de Bioseguridad establece que se debe definir un régimen de protección especial de maíz que asegure la protección de este cultivo y no la siembra de variedades transgénicas que lo pongan en riesgo, los abajofirmantes demandamos que el procedimiento para elaborar dicho régimen sea transparente, incluyente y abierto a la consulta plural

Los coras de la población de Santa Teresa, en la Sierra del Nayar, también se llaman a sí mismos tereseños y en su lengua, nayári kweimarútsana, nombre que alude a la montaña cercana a su plaza ceremonial

La aplicación de una política equivocada y sin consistencia para el campo mexicano, la desigualdad productiva y comercial que ha generado el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) y las condiciones internacionales de los mercados agropecuarios han propiciado que México enfrente un déficit comercial en este rubro superior a 2 mil millones de dólares anuales, aseguró el presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, Cruz López Aguilar

Autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) buscan mantener la norma de manglares vigente -que exige un pago de 10 mil pesos por hectárea devastada- para beneficiar a especuladores de tierra en zonas turísticas y pretende "reventar" el grupo de trabajo que labora esa regulación, señalaron representantes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y Defenders Wildlife