México

Eligieron el día de la Virgen de Guadalupe para hacer una procesión y plantarse en campamento frente a la termoeléctrica de Huexca, Morelos, gigantesca mole de la que se desprende un ruido infernal y que, de acuerdo con los planes presidenciales, en unos cuantos días se pondrá en operación. Esta comunidad de unos mil 200 habitantes ha sido amenazada y reprimida hasta el cansancio. En 2012 Enrique Peña Nieto les envió 400 policías federales y 400 estatales que ocuparon casi toda la comunidad. Sólo así pudo instalarla. Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador envía a la Guardia Nacional (GN). Sólo así podrá operarla.

Luego de más de tres años de un sinuoso litigio planteado por habitantes de las comunidades afectadas, el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dictó sentencia en la que declaró, por unanimidad de votos, la nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental del Proyecto Chemours Laguna.

Nunca será suficiente insistir en que México es un país único en el mundo porque su propiedad social agraria (la tierra en posesión de ejidos y comunidades) representa más o menos la mitad del territorio nacional. Tampoco olvidan las comunidades campesinas, sobre todo las originarias, que existe una continuidad histórica anterior en ocasiones a la invasión europea desde donde se ha mantenido una posesión de las tierras, montes y aguas —y que con esa fuerza milenaria las comunidades siguen reivindicando una autonomía funcional que les ha permitido mantener un breve espacio de decisiones propias, de relación con la naturaleza y con la tierra, y una subsistencia que sin ser boyante, sino frugal y restringida, les ha permitido remontar muchas de las adversidades que esta sociedad avasalladora les busca imponer para predarles sus ámbitos de comunidad, su esfuerzo y su vida misma.

"Quizás por eso, precisamente, la voz indígena es poética sin proponérselo ni pedir permiso. Habla una verdad distinta, cansada del trueque de la vida por cuentas de vidrio. En sus idiomas, en sus territorios y  en su memoria viva está su futuro. Que también es el de México, si corremos con suerte y todavía estamos  a tiempo".

Los pueblos, naciones, tribus y barrios originarios que somos el Congreso Nacional Indígena, el Concejo Indígena de Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, haciendo frente a la enfermedad de nuestra madre tierra, expresada en una grave pandemia que ha golpeado la vida y economía de nuestras comunidades y al mundo entero; nos escuchamos en la voz de los pueblos originarios, que gritan desde las geografías donde luchan y resisten en contra de la guerra capitalista que disputa los territorios indígenas y campesinos mediante agresivas políticas extractivas a lo largo y ancho de toda la geografía nacional; megaproyectos de muerte a los que llaman Corredor Interoceánico en los estados de Oaxaca y Veracruz, Proyecto Integral Morelos en los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, Tren Maya en los estados del sureste mexicano, o Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el centro del país; la implementación de un conjunto de políticas y mecanismos para la continuación del “libre comercio” subordinado a Estados Unidos y Canadá y para contener la migración; para impedir o debilitar la organización y resistencia de nuestros pueblos, mediante la suplantación de las autoridades tradicionales y la realización de consultas indígenas simuladas.

La organización ambientalista Greenpeace México y la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, celebramos  la propuesta del decreto presidencial en el que se prohíbe el maíz transgénico en México y que marca la ruta para eliminar, hacia el 2024, el uso del glifosato en territorio nacional, y urgimos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,  para que firme y se publique en el Diario Oficial de la Federación.

"El colectivo de personas y organizaciones que interpusimos la demanda de amparo mencionada en este comunicado, decidimos conjuntamente ejercer nuestro derecho de acceso a la justicia, debido a las violaciones a nuestros derechos humanos fundamentales como el acceso a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, ocasionados por los graves impactos ambientales y sociales del proyecto integral Tren Maya".

El Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos exigió a las autoridades negar la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental, Modalidad Regional (MIA-R) del proyecto “San José II”, en Oaxaca, «por presentar información falsa y sesgada respecto de los impactos ambientales del proyecto minero».