Leydy Pech, por las abejas y la tierra

Enfrentó al gigante trasnacional Monsanto, exhibió la corrupción del sistema mexicano y su incumplimiento de los tratados internacionales, así como el persistente avasallamiento y discriminación a los pueblos indígenas en México. Desde hace 25 años es una defensora acérrima de las abejas nativas.

Su nombre es Leydy Aracely Pech Martín, apicultora maya, conocedora del cuidado ancestral de las abejas, quien recibió el pasado 30 de noviembre el Premio Ambiental Goldman 2020 por su defensa del medio ambiente sano, la salud pública, los derechos de los pueblos originarios y el territorio y la cultura ancestrales.

Pech vive en la localidad maya de Ich-ek, municipio de Hopelchén, desde donde realiza una cruzada por la vida que la llevó a confrontar social y jurídicamente al gigante trasnacional Monsanto para frenar la infestación de la región con semillas transgénicas y pesticidas.

La Fundación Goldman la premió junto a otros cinco activistas: Kristal Ambrose, de Bahamas; Paul Sein, de Myanmar; Lucie Pinson, de Francia; Chibeze Ezekiel, de Ghana, y Nemonte Nenquimo, de Ecuador.

Instituido en 1990, el Premio Ambiental Goldman es equiparable al Nobel en su ramo y se otorga cada año a líderes y activistas “de base”, quienes a riesgo de sus vidas luchan por la protección del medio ambiente y por mejorar su entorno social.

Abeja sagrada

Pech Martín tiene 55 años. Inició su activismo organizando el trabajo colectivo de las apicultoras mayas de la región de Los Chenes, a fin de rescatar, proteger y preservar a la Melipona beecheii, la abeja sagrada maya, una especie endémica muy vulnerable y que hoy está clasificada en peligro de extinción ante la indolencia de las autoridades.

Así surgieron las organizaciones Muuch Kambal, constituida sólo por mujeres, y el Colectivo Apícola de Los Chenes, hoy Colectivo de comunidades Mayas de Los Chenes, que ya aglutina a 36 localidades.

Ambas se aliaron con asociaciones nacionales e internacionales defensoras del medioambiente y los derechos humanos, como Indignación, CEMDA y Greenpeace, que han acompañado la defensa jurídica del caso que en 2016 fue expuesto en el Tribunal Internacional contra Monsanto, que tuvo lugar en La Haya, y ahora se encuentra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“De pequeña me inculcaron los principios ancestrales del cuidado de la naturaleza –dice Pech Martín–. Cuando empecé a cuidar a mis meliponas entendí que ellas necesitan condiciones ambientales sanas para sobrevivir. Pero en Hopelchén pasa algo grave. La agricultura industrial a gran escala nos llevó a la pérdida acelerada de muchas hectáreas de bosque de selva, al cambio abrupto del uso de suelo, a la siembra de transgénicos, al uso indiscriminado de pesticidas, a la fumigación aérea, a la contaminación del agua y por eso las abejas, y otros polinizadores, están muriendo y nosotros enfermando.”

En entrevista narra que a finales de 2011 se enteraron de que la Unión Europea no compraría miel si contenía rastros de transgénicos. “Nos preocupó porque en Hopelchén muchas familias mayas vivimos de la miel. La miel que se produce en la península se exporta a Europa. Esa amenaza nos llevó a informarnos sobre qué significaban los transgénicos y los impactos positivos o negativos de su cultivo para la región”, recuerda.

México es el sexto productor mundial de miel. El 40% de ella la aportan los estados de la península de Yucatán. En el caso de Campeche, se estima que aproximadamente 25 mil familias, en su mayoría indígenas, subsisten de la apicultura tradicional. Pero esa actividad económica se vio amenazada en las últimas décadas por la diáspora menonita, la tala indiscriminada y recientemente la introducción de cultivos transgénicos.

En junio de 2012, en las postrimerías del gobierno de Felipe Calderón, se otorgaron a Monsanto los primeros permisos para la siembra comercial de soya transgénica, que abarcaban un total de 253 mil 500 hectáreas distribuidas en siete estados. En Campeche se afectó al municipio de Hopelchén, que pese a su colindancia con la Reserva de la Biosfera de Calakmul es una de las zonas más deforestadas de México.

“En principio nos engañaron. Nos dijeron que (el cultivo de soya transgénica) llevaría empleo a la gente y resolvería problemas de pobreza –reprocha–. Hoy vemos transformada nuestra región en otra realidad: deforestaron nuestros bosques, nuestros montes; se mueren nuestras abejas, se contaminó el agua que tomamos, tenemos problemas de salud porque todo el tiempo estamos expuestos a plaguicidas, principalmente glifosato, que esparcen en el ambiente… y tenemos más pobreza.

“Experimentamos un desequilibrio en el tema ambiental, social, cultural y económico, porque en vez de que este modelo de producción agroindustrial resuelva nuestros problemas, nos trajo más.”

Pech Martín y las asociaciones mayas que representa promovieron diversos juicios de amparo ante juzgados federales, pues la aprobación de los permisos de Monsanto vulneraron el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y el consentimiento previo, libre, informado y culturalmente adecuado; al territorio; a la libre determinación, y a un ambiente sano.

Los casos llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en noviembre de 2015 ratificó la decisión tomada por los juzgados de Distrito, reconoció la violación al derecho a la consulta y ordenó la suspensión de los permisos otorgados a la trasnacional hasta que se efectuara la consulta previa a la que obliga la ley.

“Enfrentamos muchos grandes obstáculos cuando comenzamos a organizarnos y emprendimos la lucha jurídica, porque los aparatos de justicia y el gobierno nos desconocían como indígenas; teníamos que demostrar que verdaderamente somos indígenas”, relata.

Por eso en 2015, cuando la SCJN emitió su resolución, “sentimos ese logro como una victoria histórica para los pueblos de Hopelchén: ganarle a Monsanto el derecho de tener una consulta indígena”.

Las denuncias evidenciaron además la carencia de medidas de bioseguridad para salvaguardar el medio ambiente, de modo que el pasado 18 de agosto la Sala Especializada en Materia Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa revocó el permiso otorgado a Monsanto para la liberación de soya transgénica.

No obstante, la siembra de semillas transgénicas persiste en Hopelchén de manera clandestina. Y no sólo no se detuvo: aumentó con la complacencia de las autoridades. Pech Martín denuncia:

“Con dos revocaciones, una sentencia judicial y el caso ventilándose en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se sigue sembrando. En la ilegalidad, igual que todo en torno a esta siembra, asociado a ella: fumigación aérea, pistas clandestinas, deforestación… en el marco de impunidad, y violación a nuestros derechos.”

Ni siquiera se acató la consulta que ordenó la SCJN, la cual supuestamente se realizaría en 2016.

“Llegamos hasta 2018. Tuvimos siete reuniones para discutir el protocolo de la consulta. No avanzaron porque el gobierno no reconoció el protocolo que presentamos las comunidades indígenas: que las consultan sean vinculantes. Quedaron como mero trámite en el que la voluntad de los pueblos no se respeta, porque el gobierno no quiere reconocer el derecho que tenemos de poder decidir sobre lo que se hace en nuestros territorios.”

No obstante, la activista –madre de un joven que se involucró en la causa con otros de la comunidad– sostiene: “Demostramos que los pueblos indígenas estamos organizados y dispuestos a defender nuestro territorio cuando se ve amenazado… Aunque el gobierno nos quiera presentar como fraccionados, cuando se trata de defender nuestro territorio estamos juntos porque es algo que nos trastoca y nos trasciende”.

Llamado a sociedad y gobierno

En un mensaje al actual gobierno, Pech Martín insiste en que “el tema del hambre y la pobreza no se tiene que resolver con los atropellos, con los despojos y el avasallamiento a los pueblos indígenas y a sus derechos” para favorecer a la industria.

“Antes, cuando la gente trabajaba sus abejas y tenía su milpa, sus cultivos, había menos pobreza, podía enviar a sus hijos a la escuela. Había menos jornaleros, ahora hay más jornaleros, más jóvenes en los campos y más pobreza. Este modelo de desarrollo que nos están vendiendo no está respondiendo a las necesidades que tenemos, no está funcionando si genera más problemas.”

Reconoce que han tenido “un par” de acercamientos con el gobierno lopezobradorista: “Conocen nuestra problemática, avanzamos en un par de cositas, que miren qué está pasando, pero no avanzamos en que haya voluntad de sentarse no sólo con nosotros, sino con otras agrupaciones y todos los otros actores implicados en estos problemas, porque cuando tratan de resolver una situación sólo con una de las partes, no funciona.

“Necesitamos también coordinación y vinculación entre las instituciones y los organismos, así como con los gobiernos estatales y municipales. Y es urgente porque esto seguirá y estamos llegando a situación de emergencia ambiental.”

Sin embargo, se declara convencida de que “los cambios son posibles, que juntos podemos cambiar nuestra historia y que no depende de mí ni del colectivo ni de las organizaciones que nos acompañan, sino de todas las personas en la medida que vamos siendo conscientes y también de las voluntades y políticas públicas. Si somos conscientes de nuestros derechos podemos exigir mejores cambios”.

Finalmente aclara que el Premio Goldman no es sólo de ella sino “es un reconocimiento compartido”, por lo que agradece “a todas las personas, comunidades que estamos, y organizaciones civiles que nos han acompañado en esta lucha, con sus muchos esfuerzos, que han estado al pie del cañón, asesorándonos en este proceso.

“El mensaje que nos deja el premio es que no hay fronteras cuando se defiende la vida, algo tan valioso como este territorio, esta cultura, este conocimiento ancestral. No hay fronteras. Además, que las mujeres demostramos que somos capaces y podemos trascender nuestra lucha.”  

Fuente: Proceso