México

El asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola –ocurrido el 27 de abril de 2010, mientras participaban en una caravana de ayuda humanitaria hacia San Juan Copala– podría haberse resuelto en dos o tres semanas, pero si ello no ha ocurrido todavía es porque las autoridades no han demostrado en la práctica su declarada voluntad política para hacerlo.

Es una ofensiva, y muy amplia, la que sostienen sobre las tierras, aguas y alimentos del pueblo de México el puñado de empresas de todos conocidas con nombres y apellidos. El gobierno nacional y sus ramales, en carácter de socios o facilitadores, inventan malabares jurídicos, hacendarios y discursivos para aparentar que hacen las cosas limpiamente.

“Es la primera vez que uno de los cultivos más importantes del mundo está amenazado en su centro de origen. Si dejamos que las corporaciones ganen, no habrá manera de defenderlos en otros lugares. Lo que está ocurriendo en México es de vital importancia para el mundo”, dijo a IPS el canadiense Pat Mooney.

El turismo en Chiapas se ha convertido en parte de una estrategia de los grandes capitales y el gobierno para quebrar la resistencia de las comunidades zapatistas y en rebeldía, y facilitar así el despojo de sus territorios.

“Una de las razones por las que estoy en México es para demostrar que el movimiento contra Monsanto es internacional y transversal”, dijo Vandana Shiva al señalar que el problema dejó de ser sólo campesino, ahora moviliza a jóvenes –#YoSoy132ambiental–, a familias citadinas y a científicos.

La fallida villa rural (VR) Emiliano Zapata, en el noroeste de Chiapas, cerca de la reserva ecológica El Ocote, constituye hoy, junto con la mucho más publicitada ciudad rural sustentable (CRS) en el municipio tzotzil Santiago el Pinar, un ejemplo tangible de cómo la ilusión propagandística tropieza con la prueba del ácido de la realidad.

En Oaxaca una vez más se alzaron las voces en contra del maíz transgénico durante la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos. Más de quinientos asistentes, procedentes de distintas regiones indígenas y de organizaciones sociales y civiles, acusaron al Estado mexicano de ser responsable de la contaminación transgénica del maíz nativo, en complicidad con las corporaciones transnacionales productoras de semillas, y exigieron al gobierno que no permita la siembra comercial de maíz transgénico en el norte del país.

Organizaciones indígenas de Oaxaca y entidades de derechos humanos de México pidieron la intervención de Human Rights Watch(HRW) ante el gobierno mexicano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para cesar el atropello y represión contra los pueblos que se resisten a la imposición de megaproyectos en sus territorios.