Honduras

Dos campesinos más fueron asesinados por fuerzas paramilitares la semana pasada en Honduras. Desde el golpe de estado en 2009 más de 60 campesinos y líderes indígenas han sido asesinados.

"Alrededor de unas 300 mil familias campesinas en Honduras no tienen acceso a la tierra, el campesinado hondureño está sometido a una crisis agraria y alimentaria de grandes dimensiones, unido a esto la represión persecución y asesinatos en el país están a la orden del dia solo en lo que va del año 2013 en el bajo aguan han asesinado a 4 campesinos"

El último sábado 2 de febrero otros dos campesinos se sumaron a las estadísticas de asesinatos en el Bajo Aguán, Honduras. El escenario de violencia y la persecución a trabajadores/as campesinos/as de la región ha sido constantemente tema de noticias y es denunciado por movimientos de clase y por organizaciones de derechos humanos, sin que las autoridades hondureñas tomen medidas al respecto.

"Varias organizaciones se movilizaron este martes hacia la capital Tegucigalpa, para repudiar la decisión del Congreso de aprobar la reforma de tres artículos de la Constitución que dieron vida a las Zonas de empleo y desarrollo económico, popularmente conocidas como "ciudades modelo". También rechazaron la aprobación de la Ley de Minería que, aseguran, representa un serio retroceso ambiental para el país."

La Ley de Propiedad de Honduras, impulsada por el Banco Mundial, fue aprobada en el año 2004, sin tener en consideración las observaciones planteadas por la OFRANEH en una consulta comunitaria efectuada en el año 2003 en la comunidad de San Juan Tela (Durugubuti).

La reciente aprobación de la Ley de Minería y de Regímenes Especiales de Desarrollo, la nueva versión maquillada de las denominadas "Ciudades Modelo", por parte del Congreso Nacional, es un indicador del colapso del estado-nación, el cual se encuentra a punto de ser subastado por retazos a inversionistas extranjeros.

Incluso con una clara oposición de la población hondureña, la Ley de Minería fue aprobada el último 23 de enero y sigue generando polémica entre las organizaciones que lucharon y resistieron su aprobación. En el contexto latinoamericano la industria minera viene destruyendo poblaciones y aumentando los conflictos en los pueblos originarios.

"Exigimos la adjudicación de las tierras que han sido expropiadas públicamente por el INA, a las empresas CASHA y AZUNOSA quienes amparadas en la fatídica e inconstitucional Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola y en acuerdos de fomento al capital explotan las tierras que le pertenecen a campesinos y campesinas del Valle de Sula."