Honduras: guerra contra los campesinos

Juán Peres y Willian Alvarado eran miembros del Movimiento Campesino Recuperación del Aguán (MOCRA), organización que busca proteger a las cooperativas campesinas de las apropiaciones de tierra que se ejecutan en Honduras.

En un país donde el 25% de la tierra agrícola productiva -la mejor tierra- ya es monopolizada por menos del 1% de los agricultores, los “agro-oligarcas” hondureños desean apropiarse del 10% de la tierra de Honduras aún en propiedad campesina (quienes constituyen el 70% de los agricultores a nivel nacional).

Se puede comprender fácilmente su voracidad. La demanda global de aceite de palma se ha triplicado, pasando de dos millones a más de ocho millones de toneladas, en la última década. Debido a las metas de combustibles renovables de EUA y Europa (que no pueden suplir su propia demanda) se han abierto lucrativos mercados para los agrocombustibles. Los inversores financieros consideran que la tierra representa un mercado de $8.4 billones. La urgencia por conseguir tierra crece en todo el planeta y las élites hondureñas no se quedarán atrás en su propio territorio. El Valle de Aguán -donde fueron asesinados los dos campesinos activistas- es el escenario de incesantes apropiaciones de tierra campesina.

Las mujeres también han sido amenazadas -una forma de intimidar a familias enteras-. El 23 de octubre, 2012, Karla Yadira Zelaya, vocera del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) fue secuestrada a las 6:30am en una parada de bus en el área de El Carrizal. Karla tuvo los ojos vendados mientras se le interrogó durante tres horas sobre la dirigencia de MUCA; luego fue lanzada del carro.

Las comunidades Afro-Indígenas en la Moskitia también son afectadas. Una carta enviada por Hank Johnson (congresista de Georgia) y otros 57 congresistas al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia, el 25 de enero, solicita una investigación fidedigno de los asesinatos de civiles en Ahuas, instigados por la DEA, cuyas víctimas incluyeron entre otros a un joven y una mujer embarazada. También señalan que Miriam Miranda, la dirigente Afro-Indígena/Garífuna que ha denunciado un complot entre el gobierno y narco-traficantes en casos de decomisos, ha recibido amenazas de muerte.

La población indígena y los campesinos se encuentran atrapadas entre las apropiaciones de tierra y la Guerra contra las Drogas. El 11 de mayo de 2012, cuatro pobladores indígenas, incluyendo un niño de 14 años, fueron asesinados en una redada anti drogas en Ahuas (Moskitia), Honduras. Tres personas más fueron severamente heridas. Al menos diez miembros de la DEA participaron en esta misión como miembros de Equipo de Despliegue-Extranjero FAST, unidad de la DEA creada en 2005 en Afganistán. De acuerdo con el New York Times, los policías hondureños que participaron en la operación del 11 de mayo informaron que ellos obedecían órdenes de la DEA.

¿Cómo se convirtió la población pobre de Honduras, que vive en vastas extensiones de tierra, en seres “sacrificables”?

Esto no sucedió de la noche a la mañana. El país ha sido militarizado por más de medio siglo, permitiendo a las infames “diez familias” realizar negocios nacionales con impunidad desde la Guerra Fría. Durante la guerra de Ronald Reagan en contra del gobierno Sandinista de Nicaragua en los 1980s, vastas áreas de la zona fronteriza fueron ocupadas por EUA para entrenar a “contras” que violentamente desplazaron a miles de campesinos.

Sin embargo, acutalmente hay tres nuevos elementos en juego, que han redefinido los intereses y aumentado los abusos contra los derechos humanos en Honduras: La presión global por tierra agrícola, las Guerras Anti Drogas y el Golpe de Estado de 2009.

El golpe que depuso al democráticamente electo Manuel Zelaya, en junio de 2009, fue enérgicamente denuciado por los gobiernos latinoamericanos. EUA suspendió temporalmente su apoyo al gobierno golpista. En noviembre se realizó una elección ampliamente reconocida como fraudulenta, permitiendo a la administración de Obama reanudar la ayuda. El presidente Porfirio “Pepe” Lobo estuvo en Washington D.C. para fotografiarse en octubre de 2011, en un intento por informar al mundo que Honduras estaba abierta a los negocios. Él rápidamente impulsó la legislación a favor de la inversión en agrocombustibles, turismo, silvicultura y minería, la cual aumentó la presión sobre la tierra hondureña.

Honduras es un caso más en la epidemia de apropiación de tierras (lo que el Banco Mundial suele llamar “adquisición a gran escala de tierra”) que se extiende en el planeta. Cientos de miles de campesinos y poblaciones indígenas están siendo violentamente desplazados para instalar masivos proyectos de agrocombustibles, presas hidroeléctricas, molinos de papel, minas de oro y centros turísticos. En muchos casos, comprar tierra es simplemente un seguro para los inversores. Varían los estimados, pero entre 50 y 227 millones de hectáreas han sido apropiadas globalmente.

La diferencia en Honduras es que la apropiación la ejecutan principalmente hondureños… La agro-oligarquía decidió apropiarse de la tierra campesina en los 1990s. Las organizaciones campesinas lucharon con recursos legales y estaban avanzando en sus reclamos por sus tierras arrebatadas y resolviendo disputas, bajo la administración de Manuel Zelaya. (Todo esto cambió bajo Porfirio Lobo, lo que sugiere que aplastar al movimiento campesino que reclama su tierra fue una de las principales motivaciones para el golpe de Estado de 2009).

El Congreso de Honduras ha encontrado nuevas formas de facilitar tierra a extranjeros a través de la ley de las llamadas “Ciudades Modelos”; grandes áreas de territorio privatizado gobernadas autónomamente y reforzadas con inversión externa. En lo que muchos han llamado un “mini golpe”, la segunda versión de la ley se aprobó después del despido de cuatro jueces que decretaron inconstitucional el primer intento. Las “tierras desocupadas” que buscan las “Ciudades Modelos” son los territorios ancestrales de las comunidades Afro-Indígenas de Honduras. Un inversionista canadiense, conocido como el Rey del Porno, debido a cómo hizo su fortuna, ha expulsado a comunidades Garífunas quienes habitaban la inmaculada bahía de Trujillo, para construir un embarcadero para barcos cruceros de turismo.

Las clases dominantes de Honduras han podido ejecutar estas apropiaciones de tierra y de poder, principalmente gracias a la remilitarización del país con la Guerra contra las Drogas. Desde hace más de una década, la costa atlántica de Honduras es zona de libre tránsito para las drogas, donde el tráfico, la economía y el control de los carteles han sido disputados apenas tibiamente por la DEA y los militares hondureños. Con el golpe, la base aérea de EUA en Soto Cano, cerca de Tegucigalpa, recibió $25 millones para ser renovada y dos bases navales en el Atlántico fueron expandidas. En 2011 el Pentágono incrementó su gasto en Honduras en 71%, a $55 millones de dólares. Desde entonces cinco bases militares han sido renovadas, expandiendo la presencia militar de EUA en todo el país (el Gral. John F. Kelly, jefe del Comando Sur de EUA hizo una visita a Honduras en enero de 2013). La remilitarización de Honduras se ha acompañado de una próspera industria local de unidades paramilitares, disponibles al mejor postor. Basta imaginar quién tiene el interés -y el dinero- para comprarlos.

Esta situación ha provocado la llamada “Guerra Contra los Campesinos”. La tierra que fue distribuida a los campesinos en los 60s y 70s es actualmente usurpada violentamente. Generalmente organizados en cooperativas, los campesinos desesperadamente tratan de defenderse. Ellos han formado federaciones intra-regionales y “observatorios” intentando protegerse legal y políticamente del deshaucio. Los líderes de estas organizaciones campesinas son presa de los grupos paramilitares y de los mercenarios contratados por los terratenientes productores de palma.

El silencio por parte de la administración de Obama es posible, en parte, porque Honduras es un “país desconocido” fuera del radar de la mayoría de estadounidenses. Disfrazar la violencia de las apropiaciones de tierra con términos como “adquisiciones a gran escala”, o la alusión a “formas de inversión” agrícola, sólo sirve para distorsionar la realidad. El redoble de tambores de la Guerra Anti Drogas silencia la violación de los derechos humanos en el terreno. Incluso los medios de comunicación, al prestar atención únicamente a la Guerra contra el Terrorismo, desvían nuestra atención del terror que sufren los campesinos hondureños.

En estos días que se habla tanto de salvar al mundo del hambre ¿por qué no se considera como primer paso proteger a los campesinos que están siendo violentamente desalojados de su tierra?

Febrero de 2013

Eric Holt-Giménez y Tanya Kerssen / Food First.

Siglas:
EUA, Estados Unidos de América
DEA, Departamento Contra la Droga de EUA, Drug Enforcement Administration
FAST, Despliegue-Extranjero de Asesoría y Apoyo, Foreign-Deployed Advisory Support Team

Fuente: Sodepaz