Guatemala

"Alzamos nuestra voz de condena ante la decisión tomada por el Presidente Jimmy Morales de no respetar el Acuerdo de Identidad de Derecho de los Pueblos Indígenas y de violentar los procedimientos y mecanismos de elección y nombramiento de la Defensora de la Mujer Indígena, el Ejecutivo una vez más ignora el trabajo de las organizaciones de Mujeres Indígenas, y por lo tanto se aleja de lo que establecen los Acuerdos de Paz."

¿Qué hay detrás de los asesinatos contra luchadores sociales, comunitarios y defensores del agua y territorio en Guatemala y Honduras? En los primeros 3 meses del 2016 fuimos golpeados por la terrible noticia del asesinato de Berta Cáceres, pocos días después Noe García ambos del COPINH y recientemente Walter Méndez en Las Cruces Petén.

Walter Manfredo Méndez Barrios fue atacado a balas el 16 de marzo. Funcionarios y activistas cercanos a él creen que fue asesinado debido a su liderazgo comunitario y activismo ambiental por grupos ilegales de usurpación de tierra y recursos naturales que operan en la región.

Varias organizaciones sociales y populares, se hicieron presentes para respaldar y y apoyar la lucha de Daniel Pascual Hernandez, referente del Comitè de Unidad Campesina de Guatemala (Parte de CLOC-VC) ante el proceso penal que se lleva en su contra por parte de un ex militar.

"Las comunidades en resistencia, libran una batalla desigual con la empresa distribuidora de electricidad (ENERGUATE) y todos los aparatos estatales y medios de información corporativa en su lucha por acceder a un servicio de energía eléctrica socialmente accesible".

La Policía Nacional Civil (PNC) se estaría preparando para realizar un desalojo violento en tres comunidades Maya Q’eqchi, del Polochic, Alta Verapaz, señala un artículo de José Gabriel Cubur, comunicador social del Comité de Unidad Campesina (CUC).

La respuesta estatal para quienes muestran su desacuerdo con los proyectos extractivos ha sido la represión y la criminalización, acusándoles de “terroristas, delincuentes y atrasados". Este es el caso de Rigoberto Juaréz que ha sido encarcelado por dos procesos penales desde el día 24 de marzo de 2015.

La criminalización de la protesta continúa siendo la estrategia para frenar las posiciones de comunitarios que disienten con las concesiones aprobadas para la sustracción de las riquezas naturales de sus territorios.