Guatemala: ¿Qué está pasando con el agua?

Miles de personas marchan desde distintos puntos del país hacia la capital en la llamada “Marcha en Defensa del Agua”, mientras que representantes de 120 comunidades de la costa Sur del país denunciaron el desvío de ríos y la extracción de agua para los cultivos de caña de azúcar, palma africana y banano y piden al Tribunal Latinoamericano del Agua emitir una condena moral contra el Estado de Guatemala. Frente a estos hechos muchos ciudadanos y ciudadanas podrán estarse preguntando: ¿Qué pasa con el agua en el país? ¿No hay suficiente? ¿Se está agotando? ¿Hay pero contaminada?

Tratando de responder estas preguntas podemos empezar por señalar que el agua es un recurso vital para el sostenimiento de la vida en el planeta y es además un bien económico de primera importancia para muchísimos productos industriales, pero especialmente para la producción agrícola y pecuaria. Sin embargo, el desarrollo del capitalismo mundial del siglo XX trajo consigo fenómenos como el agotamiento de los bosques debido al avance de la frontera agrícola; la contaminación de ríos, lagos y océanos debido al descarte de sustancias tóxicas; el calentamiento global resultante de esos procesos y de la producción de gases con efecto invernadero y; como resultado de todo ello, el avance de la desertificación, el agotamiento de fuentes de agua y prolongados períodos de sequía como la de cuatro años que se produce en el estado de California en Estados Unidos o las recientes crisis de agua en los vecinos Nicaragua y El Salvador.

Guatemala es todavía un país que tiene agua en abundancia, pues se estima una oferta disponible anual que supera los 90 mil millones de metros cúbicos (Perfil Ambiental de Guatemala, 2010-2012: Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente –IARNA- de la Universidad Rafael Landívar), frente a una demanda un poco arriba de los 20 mil millones de metros cúbicos para el 2010, que es el dato que consiga esa misma fuente en su último informe. La demanda está integrada en un 37.2% por su uso industrial y agroindustrial, 31.9% corresponde a las actividades agropecuarias y de silvicultura, un 24.8% a las hidroeléctricas, un 2.3% corresponde a los hogares y el resto a actividades varias.

Pero un problema serio del agua en el país es que en su mayoría se encuentra contaminada y mal distribuida. Su uso en los hogares, por ejemplo, sólo cubría a un 75% de la población en el 2011, especialmente a la urbana, y la calidad de ese recurso es deficiente en la mayor parte del país, ya que la casi totalidad de municipalidades incumple con su obligación de potabilizar el agua que distribuye a los hogares. Como resultado, el Ministerio de Salud Pública señalaba en el 2008 que más de un 50% de los sistemas de suministro de agua del país no contenía niveles adecuados de cloro y más de una cuarta parte presentó contaminación bacteriológica.

La situación de los ríos y lagos no es más alentadora, ya que de los 38 ríos principales que posee el país 14 habían superado para el año 2009 los límites permitidos de elementos contaminantes consistentes en contaminantes físicos, materia orgánica, microorganismos, contaminantes tóxicos y materiales cancerígenos, lo que implica riesgos importantes para usar esas aguas para consumo humano y riego. El mismo resultado se obtuvo del análisis de los cuatro principales lagos del país.

La contaminación de ríos y lagos proviene de las aguas residuales de los centros urbanos que son vertidas en estos cuerpos de agua sin ningún tratamiento, pero también de los residuos de pesticidas y fertilizantes químicos utilizados por la agricultura, así como de los procesos agroindustriales e industriales, los cuales se desarrollan sin ningún control estatal.

Por si esto fuera poco, muchas comunidades se están quedando sin acceso al vital líquido desde los años 90 del siglo pasado debido a la expansión de los monocultivos de caña de azúcar, palma africana y banano que no sólo se han apoderado de tierras de familias y comunidades indígenas y campesinas, sino que además absorben las aguas de ríos y lagos bombeándolas o desviando sus cauces con devastadores efectos sobre las comunidades y el medio ambiente. Al respecto, una dirigente de San Marcos, Patricia Meléndez señaló a Prensa Libre (15 de abril 2016) que “la expansión feroz de esos cultivos está reduciendo las áreas destinadas a la producción de alimentos y supone la destrucción de enormes áreas de bosque, la contaminación de los ríos y arroyos y la pérdida de diversidad”.

La inacción del Estado de Guatemala ante las múltiples denuncias de la población por la contaminación de los ríos, el acaparamiento de sus aguas y el desvío de más de 20 ríos en la costa sur, provocó la denuncia ya señalada ante el Tribunal Latinoamericano del Agua. Pero también el abuso de grandes empresas trasnacionales que emplean el agua de los ríos y nacimientos en proyectos mineros (sólo la Mina Marlin ubicada en San Marcos consume 250 mil litros de agua por hora, lo que equivale al consumo que hace en 22 años una familia promedio de la zona) e hidroeléctricos ha aumentado la conflictividad social en gran parte del país sin que haya una respuesta adecuada del Estado, el que más bien ha criminalizado las luchas sociales por la preservación de sus recursos naturales. La Marcha por el agua, por la Madre Tierra, el Territorio y la Vida trata de llamar la atención de toda la población hacia estos problemas y a que cerremos filas frente a este capitalismo “de muerte” que destruye los bosques, ríos, lagos, la flora y la fauna del país.

Fuente: ALAI