Europa

La fumigación con este herbicida en espacios abiertos al público es delito en Francia desde el 1 de enero de 2017 y en particulares se prohibirá a partir del 1 de enero de 2019.

El 21 de septiembre se aplicará de manera provisional el acuerdo de comercio e inversiones entre la Unión Europea y Canadá (CETA), un regalo a las élites económicas y financieras que se ha chocado con movilizaciones y una oposición política sin precedentes en este tema político.

El acuerdo comercial CETA entrará en vigor casi en su totalidad. Muchos de los alimentos, antes prohibidos en la Unión Europea, podrán llegar a nuestra mesa en los próximos meses.

El uso del glifosato, un potente herbicida comercializado desde la década de los 70 por la multinacional estadounidense Monsanto, está pendiente de renovación en Europa. La aprobación está en manos de la Comisión Europea que, a través de Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), decidirá una vez más sobre este producto químico.

La campaña estatal No al TTIP, CETA y TiSA, de la que forma parte Ecologistas en Acción, considera grave que el CETA entre en vigor a pesar de no haber sido ratificado aún por los parlamentos de la Unión Europea (UE) y estar pendiente de un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre si el CETA es compatible con el derecho comunitario.

Una organización ecologista francesa denunció la presencia de glifosato en alimentos de uso corriente a base de cereales y leguminosas, dentro de su campaña para impedir que la Unión Europea (UE) renueve la autorización de este herbicida, uno de los más utilizados en la agricultura.

Un nuevo informe de GRAIN capta voces de diferentes ámbitos del continente africano que nos hablan de los devastadores efectos de los Acuerdos de Asociación Económica (AEE) impulsados por la Unión Europea (UE), en relación con la soberanía alimentaria y la agricultura en pequeña escala.

Desde la Comisión Europea han insistido en que, llegado el caso, no darían su visto bueno si no hay una mayoría cualificada de Estados miembros a favor de sus propuestas, porque «la responsabilidad debe ser compartida».