Ecuador

Recorrieron senderos, chaquiñanes, carreteras y vías. Caminaron más de setecientos kilómetros y finalmente el pasado 13 de agosto, tras 11 días de transitar por ciudades y pueblos del Ecuador la marcha indígena llegó a la ciudad de Quito.

Denunciamos y rechazamos el brutal operativo policial y militar realizado en contra del Pueblo Saraguro (Loja) este lunes 17 de agosto en el que fueron detenidas aproximadamente 30 personas y hay varios heridos.

Ayer concluyó el paro nacional y las movilizaciones que bloquearon rutas en diferentes puntos del país. Las demandas fueron contra el Gobierno de Correa y manifestaron pedidos de desprivatización del agua, parar el extractivismo minero, bajar el costo de vida de la población y hasta denuncias de autoritarismo y falta de dialogo entre otras exigencias. El saldo de la protesta dejo heridos y detenidos en distintos puntos del país.

Partiendo del precepto constitucional de que el agua es un derecho, y que debe ser ésta la base para construir todas las normativas y políticas en relación al agua, en este documento analizamos los contenidos de la ley de aguas, llamada Ley Orgánica de Recursos Hídricos y Aprovechamiento del Agua.

El movimiento indígena está marchando para posicionar las demandas nacionales hacia la construcción y el ejercicio pleno de la plurinacional. Una de las demandas es la que pide frenar el despojo de las tierras y territorios que se impulsa desde el gobierno.

Una de las causas de la movilización a las organizaciones sociales es el incumplimiento de las políticas agrarias del actual régimen, de que a pesar de sus ofertas de generar una “Revolución Agraria”, sus políticas rurales van en la dirección contraria.

Entre los principales puntos que presenta el movimiento indígena para movilizarse desde la Cordillera del Cóndor hasta Quito consta el rechazo a las leyes de Agua (ya aprobada) y Tierra (en proceso de aprobarse) porque no resuelven la concentración del agua y la tierra en pocas manos, más bien la agravan.

La política asumida por el actual régimen en relación a las fumigaciones en la frontera, ha sido cambiante. A pesar de que en el inicio del gobierno de Alianza País, el presidente Correa afirmó que “la fumigación afecta a cultivos legales y la salud de los campesinos de la zona, además de atentar contra la soberanía ecuatoriana". Hoy, después de 5 años de preparar el litigio en La Haya, el descontento es grande y la gente se prepara para decirlo.