Ecuador

Los bancos chinos han jugado, y juegan, un papel fundamental en garantizar las operaciones de empresas chinas en el Ecuador, por lo que puede decirse que son igualmente responsables de las violaciones de derechos humanos y de la naturaleza que éstas han generado por sus actividades en el sector del petróleo, la minería, la construcción de infraestructura, entre otros.

"La Asamblea de los Pueblos del Sur respalda y aplaude la lucha por la auto-determinación de los compañeros del pueblo Shuar y se solidariza con su población, así como condena todos los actos de agresión y violencia que ha generado el Estado ecuatoriano y el Gobierno Nacional, antes y después de la recuperación de sus territorios".

El pasado lunes 21 de noviembre, el pueblo indígena Shuar de Nankints en Morona Santiago, decidió regresar a su territorio tras los desalojos forzosos ocurridos en agosto de este año. Desde ese momento la tensión en la zona ha ido en aumento.

"Rechazamos categóricamente la invasión de los territorios ancestrales de los pueblos y nacionalidades indígenas y su entregan empresas Transnacionales Mineras" sostiene el comunicado de la CONAIE.

Las comunidades indígenas shuar expulsadas a la fuerza de la zona en donde se pretende ejecutar el proyecto minero Panantza-San Carlos, en Morona Santiago, a cargo de la empresa minera china Explocobres SA, EXSA, decidieron este martes volver a su territorio ancestral.

Numerosas empresas chinas están causando estragos en el corazón de la Amazonía ecuatoriana. Andes Petroleum (bloque Tarapoa/62), Petroriental (bloques 14, 17 y 36.26% de las acciones del Oleoducto para Crudos Pesados-OCP). Ambas empresas están formadas por un consorcio de empresas públicas CNPC y Sinopec, sin embargo, cuentan con capitales privados e incluso tienen relación con bancos americanos.

China ha demostrado en Ecuador que actúa inserta en la lógica capitalista. Sus estrategias de relacionamiento con nuestro país coinciden bastante con las estrategias de endeudamiento, imposición de condicionalidades, devastación de la naturaleza, pésimas condiciones laborales, violación de derechos humanos, como lo hace cualquier transnacional procedente de países con régimen capitalista. Por su parte, el gobierno ha tomado decisiones institucionales y normativas que benefician significativamente a las inversiones chinas.

La presión de los proyectos extractivos sobre los territorios de los pueblos indígenas ha desencadenano masacres de grupos en aislamiento voluntario, muerte de miembros de la nacionalidad waorani -que son de reciente contacto- y de campesinos mestizos. Un recuento de los sucesos acontecidos evidencia que esos hechos no se circunscriben a un momento de la historia petrolera del país sino que la violencia es parte de un modelo de extracción extrema en Ecuador.