El 18 de abril de 2008, la Asamblea Constituyente en Montecristi aprobó, con más de 90 votos, el Mandato Minero, de obligatorio cumplimiento, que pretendía poner la casa en orden acabando con el acaparamiento de concesiones mineras en un solo titular, prevenir la minería en zonas de nacimientos de agua o recuperar la soberanía sobre los recursos minerales y sobre el territorio ecuatoriano.