Ecuador

El Estado ecuatoriano, en lugar de garantizar los derechos colectivos como la consulta previa, libre e informada y respetar las decisiones comunitarias sobre sus propias prácticas productivas y de vida como demanda la Constitución, dio paso a un proyecto extractivista altamente perjudicial para las poblaciones locales y permitiendo, además que la empresa china aplique estrategias de división y ruptura del tejido social.

Ana Lucía Bravo, integrante del Centro de Información Socio Ambiental de la Universidad Andina Simón Bolívar, se refirió al tema y destaca que en el artículo 401 de la Constitución se aclara que el Ecuador es un país libre de cultivos y semillas transgénicos, por lo que junto a organizaciones sociales velarán que esto se cumpla.

"Considerando que el Proyecto Río Blanco prevé impactos significativos sobre el ambiente y la calidad de vida de más de diez mil personas, es evidente que los procesos de consulta supuestamente llevados a cabo por las autoridades no cumplen con el más mínimo respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada, ni a la consulta ambiental".

Las organizaciones que adherimos esta comunicación, expresamos nuestra profunda preocupación por lo que está sucediendo en las comunidades de Río Blanco y Cochapamba ubicadas en la parroquia de Molleturo, en la provincia de Azuay, al sur del Ecuador. Desde la tarde del 8 de mayo una serie de hechos violentos ponen en riesgo la vida e integridad de las personas, hombres, mujeres y niños defensores de la tierra y agua.

El Colectivo Agroecológico de Ecuador realizó su Encuentro Nacional los días 8 y 9 de mayo en la ciudad de Loja, en momentos en que dicho país biodiverso enfrenta la amenaza del ingreso de transgénicos, posibilidad inicialmente contraria a la Constitución de 2008.

"Hoy, la explotación petrolera, la tala ilegal, el monocultivo de palma, la mega minería entre otros, amenazan un país de una riqueza natural y cultural que llenan de emoción nuestros ojos cada vez que vemos un rincón que antes no habíamos conocido".

En esta área protegida la industria petrolera ya ha deforestado 417 hectáreas de bosque cuando el máximo permitido eran 300. El Parque Yasuní cuenta con una biodiversidad única y conocer todos los impactos que sufre debido a la industria petrolera podría tardar incluso 100 años.

En mayo 2017 la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó un artículo en la Ley de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento a la Agricultura Sostenible, que permitía el ingreso de cultivos y semillas transgénicas en el Ecuador con fines de investigación. Desde entonces se han presentado seis demandas de inconstitucionalidad (una a la Ley de Semillas). A pesar de ello, tanto el Ministerio del Ambiente como de Agricultura han iniciado procesos de regulación de los transgénicos