Ecuador

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la organización ambientalista LIBERA; ecologistas y ambientalistas como Acción Ecológica y CEDENMA, presentaron ante la Corte Constitucional una demanda frente a la inconstitucionalidad del Código Orgánico Ambiental (COA).

La Corte Provincial de justicia de Azuay encabezada por el juez Paúl Serrano aceptó la adopción de medidas cautelares que paralizan el proyecto conocido como Río Blanco.

Unión de Afectados por Texaco apelará fallo que favorece a Chevron. También esperan que la Corte Constitucional de Ecuador no avale la Acción de Protección que pidió la compañía petrolera en 2014.

"El capitalismo, sus corporaciones y cadenas de supermercados no han sido capaces por sí solas de implementar un sistema de eficacia semejante a los del campesinado, de modo que su opción mercantil radica en torcer las reglas para impedir procesos autónomos de producción de alimento propio y para la humanidad como hasta ahora lo hacen".

"El Acuerdo con la UE tiene un efecto todavía mayor, debido a que abrió la puerta para que este país andino (que se había mantenido por fuera de las peores ataduras neoliberales), negocie otros TLC, donde el de Estados Unidos se encuentra en primer lugar".

El Estado ecuatoriano, en lugar de garantizar los derechos colectivos como la consulta previa, libre e informada y respetar las decisiones comunitarias sobre sus propias prácticas productivas y de vida como demanda la Constitución, dio paso a un proyecto extractivista altamente perjudicial para las poblaciones locales y permitiendo, además que la empresa china aplique estrategias de división y ruptura del tejido social.

Ana Lucía Bravo, integrante del Centro de Información Socio Ambiental de la Universidad Andina Simón Bolívar, se refirió al tema y destaca que en el artículo 401 de la Constitución se aclara que el Ecuador es un país libre de cultivos y semillas transgénicos, por lo que junto a organizaciones sociales velarán que esto se cumpla.

"Considerando que el Proyecto Río Blanco prevé impactos significativos sobre el ambiente y la calidad de vida de más de diez mil personas, es evidente que los procesos de consulta supuestamente llevados a cabo por las autoridades no cumplen con el más mínimo respeto al derecho a la consulta previa, libre e informada, ni a la consulta ambiental".