Las élites agrarias en la política ecuatoriana

Y su característica es la de ubicarse en la cúspide de la jerarquía social a partir de una combinación de factores económicos, políticos y de prestigio que le permite ejercer el poder (Espinoza, 2015; Rojas, Tapia y Bazoberry, 2000) y controlar las instituciones -políticas, estatales, educativas, sociales- que garantizan su reproducción y permanencia tanto material como simbólica (Mills, 1993).

Este artículo propone una aproximación a las élites ecuatorianas y sus formas de participar o accionar dentro de la política que nos permita, no solo distinguir quienes están detrás del poder sino también, qué recursos y estrategias despliegan para asegurar sus lugares de privilegios. En este sentido veremos que en ocasiones gobernantes y élites son los mismos y en otras aunque los primeros no se correspondan con los segundos, las élites encuentran maneras diferentes según la coyuntura historia para influenciar las decisiones políticas.

Para entender la conformación actual de las élites realizaremos un breve recorrido histórico de las élites agrarias que indague sus mecanismos de legitimación económica y simbólica, las ideas y creencias políticas a partir de las que se constituyen sus organizaciones y con cuales intervienen en la vida política, así como los niveles de articulación y formas de relacionamiento con el Estado.

Partimos de considerar que, élites económicas y élites políticas son en gran medida causales y dependientes, ya que cuando no son a la vez élites económicas y políticas despliegan estrategias para ejercer una influencia política que garantice su acumulación económica. Es justamente el poder económico de estos grupos lo que les sirve para incidir en el campo de la política. Si bien, no son un grupo homogéneo y aparecen como un grupo reducido que en momentos actúan como un núcleo compacto; construyen un sentido de superioridad simbólica y una estructura jerarquizada que se basa en una combinación de factores culturales (raciales y étnicos) que los consolidan, no sólo cómo un grupo que ostenta riquezas, sino como un grupo distinto de la sociedad.

Y para su reproducción simbólico cultural comparten espacios de sociabilidad -Club la Unión de Guayaquil-, se reclutan y forman en los mismos colegios, universidades, empresas y ostentan una posición de poder (Mills, 1993).

Entre la composición de la clase dominante y en la combinación de factores que nos permiten hablar de élites nos vamos a referir a la “cúspide” de esta estructura representada por las grandes élites nacionales, dejando para otra ocasión su relación con élites menores de carácter más locales las cuales se encuentran discursivamente enlazadas y subordinadas a las élites nacionales.

Por último, hay que señalar que tal como lo demuestran los aportes de varias personas investigadoras (North, Larrea, Herrera, Guerrero, Benavides y Quevedo) en Ecuador la conformación de las élites económicas y políticas tienen un origen terrateniente que se puede rastrear desde la primera República, donde el poder económico de las élites es posible gracias a la gran propiedad de tierra y la explotación de la fuerza de trabajo indígena a través de formas serviles. Podríamos distinguir dos grupos de élites terratenientes de carácter regional. Por un lado, están la élite serrana más “tradicional”, heredera de las formas coloniales de explotación de la fuerza de trabajo indígena, el concertaje de indios en las haciendas; y por el otro lado está la élite costeña que se consolida gracias al boom de la producción de cacao primero y luego con el boom bananero, en plantaciones “más modernas” cuyo proceso de expansión está ligado a la inserción del país en el mercado mundial determinando su carácter dependiente.

El Estado como inversor y canalizador de los conflictos sociales

Para finales del siglo XIX las élites comienzan a organizarse en Cámaras. En 1889 se crea la Cámara de Comercio que en 1908 se transformó en Cámara de Comercio y Agricultura; en 1903 la Sociedad Nacional de Agricultura y la Asociación de Agricultores del Ecuador en 1911; y en 1906 se crea la Cámara de Comercio, Agricultura e Industria (Paz y Miño, 2008). A partir de entonces las respectivas cámaras tendrán un importante rol en la negociación política con los diferentes gobiernos.

La década del 60 comienza con una caída de la exportación bananera, mientras en la sierra las condiciones serviles de trabajo en las haciendas acumulaban el malestar y descontento de los pueblos indígenas. Los gobiernos militares serán los encargados de llevar adelante las reformas impulsadas por la Alianza para el Progreso, elaboradas tras el triunfo de la revolución cubana para evitar su posible “contagio a otros países”.

Si bien los sectores más tradicionales se opusieron, las reformas agrarias favorecieron a las élites más modernas cuyos intereses y capitales transgredían el ámbito puramente regional.

La influencia de las élites sobre el Estado resultaba fundamental tanto por su capacidad de inversión, como por su rol en la gestión de los conflictos sociales. Por ello cuando tras la primera Ley de Reforma Agraria en 1964 se crea el Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) “los terratenientes de la costa y sierra unieron fuerzas para asegurar que ni los trabajadores agrícolas ni los campesinos estuvieran representados en el Consejo Ejecutivo de IERAC” (North 1985:434-438). Con esto lograron tener cierto control sobre la distribución de tierras, especialmente en los programas de colonización del Oriente que era una vieja aspiración de los terratenientes.

Durante la segunda Ley de Reforma Agraria, las Cámaras de Agricultura y Ganadería se opondrán a la redistribución mediante un discurso centrado en la productividad que logró transformar la propuesta original de la ley, relegando a un segundo plano el tema de la redistribución. Este cambio de prioridades les permitió incluir una cláusula, según la cual -con previo aviso- se otorgaba un periodo de gracia a los terratenientes para hacer su producción más eficiente y evitar la expropiación (López 1994; North 1985).

La inversión realizada por los gobiernos militares gracias a los ingresos petroleros de los años 70 apuntaló el crecimiento de los agronegocios y la recuperación del sector bananero mediante prerrogativas del Estado, especialmente con el grupo Noboa, que incluían la venta de combustible para el transporte marítimo a precios internos, notablemente inferiores que sus cotizaciones internacionales, y que se mantendrán incluso tras las alzas de precios de 1981. Según Larrea (1987), este puede ser el elemento explicativo más importante del crecimiento de la Exportadora Bananera Noboa entre 1973 Y 1977.

La política de fomento estatal al modelo de los agronegocios también benefició a los grandes productores de palma, en especial el grupo de Palmeras de los Andes y DANEC, así como la Procesadora Nacional de Alimentos (PRONACA) vinculada a la venta de aves y fertilizantes[1]. Se inició una modernización de las élites agrarias -nuevas o renovadas- que a partir de ese momento comienzan a operar mediante la formación de grupos económicos con una visión distinta del mercado, tanto exportador como para abastecer el mercado interno. En sus nuevas prácticas, el prestigio de las élites ya no se basa solo en el apellido de familia, sino que toma la forma de empresas agroindustriales como el mecanismo económico para desarrollar el capitalismo en nuevas zonas -como por ejemplo Esmeraldas y Santo Domingo (Benavídes y Quevedo, 2015). Esto no significa que desaparezcan los emporios familiares sino que conviven y se mezclan dos formas de operar en el control sobre importantes sectores de la economía nacional hasta la actualidad.

Los niveles de diversificación nos muestran una transición desde élites terratenientes y oligarquías a burguesías capitalistas se sostiene mediante actividades diversificadas que permiten el control de distintas esferas de la producción, el comercio, las finanzas, el consumo y el mismo Estado (J. Maiguashca y L. North, 1991; C. Larrea, 2005). Esta transición lleva a las élites a apoyar un retorno constitucional que les posibilite un entorno institucional e instrumentos políticos más orientados a las demandas internacionales de liberalización del mercado.

La democracia empresarial

El retorno a la democracia (1989) dio paso a una sucesión de gobiernos que aplicaron las políticas del consenso de Washington, especialmente a partir del gobierno de León Febres Cordero (1994-1998) del Partido Social Cristiano y representante de las élites “costeñas”. Quien durante años ocupo puestos gerenciales dentro del Grupo Noboa, fue director y presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil y presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador.

Con el neoliberalismo asistimos a la eliminación de la autonomía relativa del Estado, siendo un elemento frecuente que los presidentes de los gremios de las élites como las Cámaras de Agricultura, entre otros, pasen a ocupar puestos de alto rango dentro los gobiernos y desde allí elaboren política pública y legislación a favor de sus intereses sectoriales. Un ejemplo claro fue la privatización de las empresas estatales como la entrega a manos privadas de toda la infraestructura y las empresas estatales ligadas a la promoción agrícola, la red de silos estatales ENAC pasó a empresas privadas en las que tenían acciones los mismos funcionarios del momento[2] o la empresa de fertilizantes Fertisa que fue vendida al grupo Wong; otro ejemplo fue La Ley de Desarrollo Agrario (julio de 1994) impulsada desde la Cámara de Agricultura de la Primera Zona conjuntamente con el Instituto de Estrategias Agropecuarias (IDEA)[3] que, entre otras cosas, permitió el registro de tierras comunales como propiedad privada, la venta de tierras estatales a agricultores individuales y la libre importación y distribución de insumos y semillas. Medidas que se dan cuando la expansión de la producción de flores requería insumos y tecnologías importados.

El accionar político de las Cámaras de Agricultura no se limitaba a la colocación de funcionarios sino que también apelaban a posesionar discursos para constituir una opinión pública que respalde sus intereses. Por ejemplo, tras el surgimiento del movimiento indígena de 1990, las Cámaras de Agricultura y Ganadería contratan expertos extranjeros que les ayuden a contrarrestar los discursos y demandas indígenas estableciendo una relación entre reforma agraria y deterioro económico.

En 1999, la caída del precio internacional de banano provoca una crisis del sector que genera tensión entre exportadores y productores porque los primeros se negaban a cumplir con el precio oficial de la caja del banano, mientras los productores presionan al gobierno para que asegure el pago del precio oficial, las principales firmas exportadoras presentaron una demanda judicial contra el gobierno con el objetivo de que se anule el decreto mediante el cual se creó el Instituto Ecuatoriano del Banano, un organismo con atribuciones de contralor y sanción. Entre los demandantes se encuentra la compañía exportadora de banano Costatrading, cuyo dueño y gerente era el presidente del Congreso, Juan José Pons Arízaga[4] de la Democracia Popular, partido de Jamil Mahuad el principal responsable de la dolarización.

La crisis del banano evidenció conflictos internos entre las élites que conformaban el gobierno y el nivel de influencia política alcanzado del sector exportador que ese año se organiza en la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE) -creada para defender los intereses de las grandes exportadoras de banano tanto nacionales como transnacionales[5], hasta la actualidad AEBE se consolidó como interlocutora de los exportadores con el Estado, Sergio Seminario, primer presidente de AEBE terminará al frente del ministerio de Agricultura unos años más tarde, mostrando el poder del sector exportador durante el neoliberalismo.

Los sectores ligados a los agronegocios -muchos surgidos entre los 50 y 70- serán los grandes beneficiarios de este periodo y devienen en grandes grupos económicos como Pronaca, La Favorita, La Fabril, DANEC, Florexpo, Agripac, REYBANPAC, Consorcio NOBIS, Exportadora Bananera Noboa, Nestlé, entre otros, los cuales fortalecieron sus espacios de negociación con el Estado a través de las cámaras y asociaciones (Benavídes y Quevedo, 2015).

Las élites durante la Revolución Ciudadana

Tras más de 20 años de políticas neoliberales, la crisis económica (1999) deriva en una crisis de legitimidad política y económica. La llegada al poder de Rafael Correa (2007-2017) encarnaba – como años atrás lo había hecho Lucio Gutiérrez (2003-2006)- la esperanza de una renovación política y la promesa de recuperar la autonomía relativa del Estado.

El nuevo gobierno implicó la pérdida del control directo de las élites -al menos de altos cargos- dentro del Ejecutivo[6] y el despliegue de una estrategia de incidencia mediante el lobby sobre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional desde sus asociaciones gremiales como las cámaras y un elemento nuevo que fue la influencia política realizada directamente desde empresas y grupos económicos.

En el caso del Ejecutivo se dieron una gran cantidad de recambios y si bien nunca llegó a conformarse un gabinete empresarial, las élites encontraron espacios permeables y funcionarios que actuaron como nexos para canalizar sus intereses.

La Asamblea Constituyente fue la primera batalla legislativa en la cual se midió el peso de las organizaciones sociales y las élites para influir en el resultado de la Carta Magna. Las élites miraban con preocupación muchos elementos y derechos que fueron incluidos en este proceso, solo a modo de ejemplo tomemos la reacción ante el Mandato 8 que abolió el trabajo por horas y la tercerización. En ese momento, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador defendió esas modalidades de trabajo e imaginó catastróficas consecuencias para la economía y el empleo en el país. Sin embargo, nueve años después con la crisis por la baja del precio del petróleo, el sector agrícola pidió flexibilizar las formas de contratación para “mantener el empleo” demanda que fue aceptada como medidas “temporales para superar la crisis”[7].

La nueva Constitución abrió paso a una serie de leyes orgánicas que debían aprobarse en los siguientes años y que fueron el objeto fundamental del lobby desplegado por las élites para influir en la Asamblea Nacional, donde Alianza País mantuvo predominancia parlamentaria aunque sus posiciones no fueron siempre homogéneas. Llama la atención que el lobby no solo fue llevado adelante desde las Cámaras, sino que, por ejemplo, durante el debate de la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria (LORSA), serán las mismas empresas y grupos económicos dedicados a la producción, acopio y comercialización de alimentos, como Pronaca, Supermaxi, Nestle y GRAIN que acudieron a la Comisión Interinstitucional de Soberanía Alimentaria para que adopte posturas más cercanas a la seguridad alimentaria (Rosero, Carbonell y Regalado, 2011).

En el caso de la Ley de Tierras, Territorios y Comunas, la Cámara de Agricultura de la 1ra. Zona elaboró su propio proyecto de ley, el cual fue acogido por la Federación Nacional de Cámaras de Agricultura y presentado por Fernando Cáceres, asambleísta de Alianza País. Aunque el proyecto no prosperó, lograron evitar que se apruebe el proyecto defendido desde las organizaciones sociales y que se promulgue una ley que respeta los privilegios de la agroindustria y donde prima la lógica productiva de los agronegocios, retomando el discurso de que la pequeña propiedad y la economía campesina no son rentables.

Durante este periodo, el proceso de legitimación de las élites ya no se basa únicamente en el prestigio y poder económico de las familias, sino que apelan a la construcción de un discurso que presenta sus intereses como intereses del común y para esto se valen del control que tienen sobre los medios de comunicación.

De este modo, las élites no dependen únicamente de tener representantes directos en el Estado, sino que pueden valerse de trabajadores públicos funcionales y en muchos casos convencidos de aplicar políticas “desarrollistas”. Un ejemplo es el Plan Semilla, que consiste en la entrega de Kits de insumos agropecuarios generando dependencia de los campesinos a las lógicas de la agroindustria y beneficiando a las importadoras de insumos como Agripac, Ecuaquímica, Pronaca/India y Del Monte, entre otras, que entre 2006 y 2016 duplicaron sus ingresos gracias a la transferencia de recursos del Estado[8].

Además, en un marco de mayor transnacionalización del capital, las élites ligadas a los agronegocios de exportación (banano, flores, camarón y otros) desplegaron una fuerte campaña para presionar al gobierno a que retome las negociaciones y firme un tratado comercial con la Unión Europea. La campaña no solo se basaba en los supuestos beneficios, sino también en las catastróficas consecuencias -ante las posibilidad de que se acaben las preferencias arancelarias- para la economía del país y los empleos si se demoraba en la firma.

De este modo, las élites buscaban el apoyo de la opinión pública y las clases subordinadas, bajo el discurso de que su beneficio sería el beneficio de todos. Finalmente en 2016 consiguen su cometido y al final de su gobierno Rafael Correa firma el tratado multipartes con la Unión Europea.

Lenín Moreno y el retorno de las élites en el Estado

Moreno quien se presentó como candidato de la continuidad, triunfa en una ajustada segunda vuelta contra el banquero Guillermo Lasso. Ya en el poder busca alejarse radicalmente de la figura de su antecesor y generar una serie de alianzas propias que le permitan sostenibilidad.

Organizaciones y sectores sociales a quienes el gobierno anterior había negado y cerrado las puertas vieron una oportunidad, sin embargo la debilidad en la que se encuentran llevó a que apenas consigan algunas concesiones y espacios marginales dentro del nuevo gobierno.

En cambio, las élites que al final del gobierno anterior tenían cada vez más influencia pero no representantes directos ahora cuentan con figuras propias en sectores claves del gabinete como: la ministra de Industrias Eva García Fabre; empresaria, guayaquileña cercana las Cámaras de Guayaquil y relacionada con el alcalde Jaime Nebot; El ministerio de turismo en manos de Enrique Ponce de León, director general de la cadena hotelera transnacional Decameron; Pablo Campana, yerno de Isabel Noboa Pontón dueña del grupo Nobis del cual fue directivo, al frente del Ministerio de Comercio Exterior; El Ministerio del Trabajo encabezado por Raúl Clemente Ledesma, hijo de Eduardo Ledesma, ex presidente y actual director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador; y la reciente incorporación Richard Martínez quien pasó de la presidencia del Comité Empresarial Ecuatoriano al Ministerio de Finanzas.

El gobierno que arrancó sin un plan claro -más allá de la ternura[9]– donde todo parecía estar en negociación cedió rápidamente a las demandas de las élites. Uno de los espacios utilizados por las élites fue el Consejo Consultivo Productivo y Tributario[10], instancia creada según los mismos voceros del gobierno para unir al Ejecutivo con el sector empresarial y así dinamizar la economía, crear empleos y simplificar trámites, entre otros objetivos. De las 139 recomendaciones que el Consejo entregó se aceptaron el 86%, pero como las élites no quedaron conformes y algunas de las recomendaciones tributarias no aceptadas fueron incluidas en la Ley de Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal -la Ley Trole 3[11]-.

En apenas más de un año, entre otras cosas, las élites han conseguido:

Reformas laborales: tras una reunión entre el ministro Ledesma y la Cámara de Comercio de Guayaquil quienes presentaron al Gobierno su propuesta de “flexiseguridad laboral”, el ministro rechazó flexibilizar, pero aprobó, mediante Acuerdos Ministeriales, siete nuevos modelos de contratos para el sector agro exportador y turístico que no son otra cosa que una flexibilización laboral ligeramente camuflada e inconstitucional.

Amnistía tributaria: bajo el argumento de la falta de liquidez, se aprueba un condonación de deudas sobre el 100% de las multas e intereses que las empresas tengan con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Esto quiere decir que a las grandes empresas nacionales y transnacionales, en el plazo de 90 días, se les perdonará un monto que podría llegar, según el mismo SRI, a 2.355 millones de dólares, de una deuda total de aproximadamente 4.600 millones.

Libre Comercio: se retoman las relaciones cercanas con Estados Unidos, tanto en temas de defensa como de comercio y política exterior on una orientación hacia la apertura comercial, en busca de nuevos tratados de libre comercio y el retorno del Fondo Monetario Internacional (FMI). En líneas generales son las élites ligadas al comercio internacional y la agroexportación quienes, en la actualidad determinan la política exterior y las políticas económicas del país.

Finalmente, se concluye que el Ecuador vemos que las élites políticas, de origen terrateniente, mantendrán una permanente incidencia en la política la cual. A partir del siglo XX, se desarrolla paralelamente en dos mecanismos: por un lado, la presión política mediante de sus representaciones gremiales, a lo cual se suma en los últimos 12 años el lobby político ejercido directamente desde las empresas y grupos económicos. Por otro lado, según la coyuntura, hay períodos donde las élites ostentan un control directo del Estado a través de colocar representantes en puestos claves del ejecutivo y el legislativo.

La influencia política de las élites sobre el Estado resulta clave en tanto es un elemento central para garantizar su reproducción material y simbólica, les permite cimentar ideológicamente la supremacía de un grupo social sobre el resto de la sociedad y hacer funcionales las instituciones y políticas estatales para los requerimientos de la acumulación del capital.

El recorrido nos permite ver que, si bien se pueden señalar periodos de crisis en la hegemonía de las élites agrarias que provocan una circulación en la cual algunos grupos pierden su posición y otros se incorporaron, no significan una renovación mayoritaria de las élites. Por ello hablamos de continuidades en la conformación de las élites las cuales se transforman y adaptan en función de las transformaciones del capital. Son los ingresos generados por la explotación agrícola, los que consolidan el primer modelo de acumulación a partir del cual se genera una diversificación capitalista a otros sectores de la economía, primero hacia el sector comercial y financiero que se profundiza en los años 70 con la conformación de grupos económico cuyo control abarca desde la importación de insumos, hasta inversiones financieras, medios de comunicación, universidades privadas y otros.

Cabe remarcar que hasta el boom petrolero, la agricultura representaba la principal fuente de ingresos del país. Con la explotación petrolera la agricultura y agro-negocios basados en las grandes extensiones de tierra pasaron a un segundo lugar pero mantienen una importancia crucial ya que los ingresos petroleros no derivaron en una marcada industrialización ni cambiaron la condición primario exportadora del Ecuador. Por ello, más allá de la creciente diversificación, podemos hablar una “vía terrateniente” de acceso al poder político y económico.

Por último, remarcar uno de los principales efectos de la transformación en la composición de las élites en función de su adaptación al capital que es la creciente presencia de capital transnacional, lo que conlleva un cambio de comportamiento de las élites, hoy sus intereses ya no son de carácter nacional sino transnacional y se expresan en su marcado interés por los tratados de libre comercio y políticas fiscales que no limiten la salida de capitales al exterior.

Por Anahi Macarof - Instituto de Estudios Ecuatorianos

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 Notas

[1] PRONACA inicia sus actividades en el año de 1954, y de a poco se consolida como la principal productora de alimento para animales. Liderado Luis Bakker Villacreces, el grupo se constituye como tal en 1979 y registra 156 integrantes entre personas naturales y sociedades, 109 sociedades nacionales y 24 extranjeras; 13 de sus integrantes se hallan domiciliados en paraísos fiscales y uno figura en los Panama papers (Campaña, 2017).

[2] Entre las empresas beneficiarias se encuentran Almagro y Almagresa, entre cuyos accionistas se encuentran el propio ministro de Agricultura, Marcel Laniado, el gobernador del Guayas Jaime Nebot Saadi y José Nebot Saadi (Tamayo, S/F)

[3] La fundación IDEA es un centro de análisis y desarrollo de propuestas basadas en la Revolución Verde y la liberalización del mercado, cuyo objetivo es “fortalecer la capacidad del sector privado para analizar e identificar políticas agropecuarias en beneficio de la actividad- cuyo presidente es Neptalí Bonifaz, terrateniente serrano.

[4] En junio de 2003 la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) incautó varios bienes de Pons dueño de Costatrading, incluyendo su domicilio, por pertenecer a la lista de deudores de los bancos quebrados durante la crisis financiera de 1999. La bananera realizó un crédito en el ex Banco del Progreso del grupo Aspiazú. En 2011 nuevamente se siguieron acciones contra Pons, de acuerdo con el BCE, cuando la ahora extinta Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) tenía bajo su administración al Banco del Progreso, inició el juicio de quiebra. Sin embargo, la empresa, para evitar las acciones de cobro, transfirió todos sus activos a nombre de la compañía Faproban S.A. y esta a su vez evitó la incautación de sus bienes al transferir los activos a la firma Sufruta S.A. Esta última continúa sus operaciones, dedicándose a la exportación de banano. El Estado procedió a la incautación de una de las haciendas de la empresa Isabelini, ubicada en la provincia de Los Ríos y gerenciada por uno de los hijos de Pons.

[5] Para esas fechas las exportaciones ecuatorianas se reparten mayoritariamente entre tres compañías que controlan el 70 por ciento de las ventas. Lideradas por Exportadora bananera Noboa con el 30 % del mercado; Reybanpac con el 21 %; y la transnacional Standard Fruit, subisidiaria de Dole Food Co, que funciona como Ubesa en Ecuador controla el 19 %. Les siguen la exportadora nacional Costatrading con el 5% del mercado y en quinto lugar la transnacional Del Monte, conocida en el país como Bandecua.

[6] La composición de su gabinete no respondía a la lógica empresarial de años anteriores, en palabras del periódico El Universo, “Los 17 ministros de Rafael Correa son casi desconocidos para la población”, aunque señala que algunos son reconocidos dentro del ámbito académico, la nota da cuenta de un recambio en las figuras políticas respecta a las décadas anteriores. En el caso de los poderes regionales y locales nuestra hipótesis para una futura investigación es que no hubo tal renovación y que muchas de las viejas figuras políticas cercanas a las élites locales se adaptaron a los nuevos tiempos e ingresaron al partido de gobierno.

[7] El mismo presidente R. Correa planteó que, en un contexto de crisis y reducción de la competitividad de los sectores empresariales, había que disminuir la rigidez en los sistemas de contratación que no reconocen las demandas de trabajo temporal, etc. Así que “estamos estableciendo formas de contrato más flexibles para estos tres sectores: construcción, agropecuario y transporte” (Rafael Correa, 26 de diciembre 2015, Enlace Ciudadano No 456, aquí).

[8] Revista Ekos, mayo 2018

[9] El Plan Ternura, fue una propuesta realizada durante la campaña electoral que consiste en brindar cuidados integrales a las mujeres en estado de gestación y a los niños recién nacidos en sus 1000 primeros días.

[10] Cuyo Comité Ejecutivo con 12 integrantes de instituciones públicas y privadas estaba compuesto por: Lucía Calderón (Conferencia Nacional de Cámaras de la Economía Popular), Richard Martínez (Comité Empresarial Ecuatoriano), Lucciola Muentes (Asociación Interprofesional de Artesanos Sin Fronteras), Iván Ontaneda (Fedexport), Edisson Garzón (Grupo ProponLe), Cristian Cisneros (Cámara Nacional de la Pequeña Industria) y los ministros de Finanzas, Carlos de la Torre; Comercio Exterior, Pablo Campana; Agricultura, Vanessa Cordero; Trabajo, Raúl Ledesma; Industrias, Eva García y el titular del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, integran el Comité Ejecutivo que deberá emprender en la constitución de las mesas sectoriales.

[11]  Así bautizada la ley en referencia a las leyes Trole 1 y Trole 2 de los años 90 que fueron momentos íconos de la luchas de los movimientos sociales contra el neoliberalismo y la privatización de los bienes estatales.

Fuente: La Línea de Fuego