Ecuador

Las organizaciones regionales de Ecuador seguirán el trabajo de defensa y protección de sus territorios, el fallo además es un precedente importante para todo el país.

Un Juez Constitucional de lo Civil del cantón Quevedo (Provincia de Los Ríos - Ecuador), aceptó una acción de protección a favor de los campesinos y campesinas de la provincia de Los Ríos, frente a una demanda presentada por dos organizaciones campesinas, auspiciadas por la Defensoría del Pueblo.

Este sábado y domingo pasado, 12 y 13 de enero, campesinos y campesinas de varias comunidades aledañas al proyecto minero Llurimagua en Intag finalmente se hartaron, y bloquearon el acceso funcionarios de la empresa estatal minera del Ecuador, ENAMI, y del Ministerio de Medio Ambiente, quienes son los encargados de socializar con las comunidades un estudio de impacto ambiental excepcionalmente defectuoso.

Durante los primeros días del nuevo año, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología -INAMHI- (1) alertó que, en Ecuador estamos extremadamente expuestos a los rayos ultravioleta (UV), llegando a valores mayores a 11, situación que se debe principalmente a los cambios de clima -con la extrema sequía y baja nubosidad- agravados por la situación de pérdida o erosión de la capa de ozono.

Las comunas ancestrales de la costa han venido sufriendo el despojo de sus tierras por parte de intereses de empresas dedicadas al agronegocio, las camaroneras, a las urbanizaciones de lujo o fincas playeras. Estos despojos buscan concretarse a través de títulos de propiedad forjados, ocupación ilegítima, intimidación a líderes comunales, represión y judicialización a quienes se oponen a estas prácticas y despojos.

El artículo analiza la situación de salud y daño psicosocial de mujeres, niños y niñas de la comunidad Tsuntsuim, afectada por el proyecto de megaminería metálica San Carlos Panantza, considerado como uno de los cinco prioritarios del Gobierno nacional de Ecuador, país cuya Constitución reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales fue aprobada por la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, previo a su ratificación en la Asamblea General prevista para el viernes 14 de diciembre del presente año, bajo la presidencia de María Fernanda Espinosa.

"Los pueblos indígenas me han expresado dos preocupaciones principales en relación con la situación actual. En primer lugar, su desencanto por la lentitud en la adopción de medidas concretas para responder a las principales demandas relativas a sus derechos fundamentales, como sus derechos sobre sus tierras y territorios, el respeto de sus autoridades propias, su autonomía y autogobierno, incluidos los sistemas de justicia indígena, la adecuada operacionalización de la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, o la implementación intercultural de sus derechos económicos, sociales y culturales."