Ecuador

Sobre las amnistías dadas por la Asamblea Nacional del Ecuador a Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza.

En 2022 se cumplen 10 años desde que Ecuador firmó el primer contrato de minería a gran escala y a cielo abierto: Cóndor Mirador, un mega proyecto de explotación de oro y cobre, liderado por la empresa China Ecuacorriente S.A. En marzo de 2012, Wilson Pástor, ministro de Recursos Naturales No Renovables durante el gobierno de Rafael Correa, firmó el primer contrato de explotación minera a gran escala, que permitió la explotación a cielo abierto de cobre y otros minerales, por un tiempo de 25 años renovables. Pero, ¿qué ha pasado en estos diez años?

Tres meses después de que la Asamblea Nacional concediera las amnistías, los procesos se entrampan en trámites burocráticos y alimentan nuevos casos de persecución. La crisis institucional del poder Legislativo impide la cristalización de los beneficios que deberían obtener las personas a las que se les concedió la amnistía el pasado 10 de marzo. La intención del gobierno de Guillermo Lasso, de impulsar actividades extractivas en todo el país, propicia la persecución y criminalización de líderes indígenas, abogados y organizaciones de la sociedad civil.

Para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el Derecho Humano a una Alimentación y Nutrición Adecuada (DHANA) es “inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas [...], orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos”. El uso y la exposición a los agrotóxicos tiene graves repercusiones en el DHANA, en la Soberanía Alimentaria, en los territorios y para las familias campesinas.

El 22 de febrero de este año, el gobierno ecuatoriano anunció la creación del “Centro Nacional de Recursos Genéticos Corea – Ecuador” (1), que se oficializó mediante la firma de un convenio con la cooperación internacional con el gobierno coreano KOICA. La firma de este convenio posiblemente estuvo pensada como parte de la delegación de los “recursos estratégicos del país” a agentes externos, que luego se recogiera en la llamada Ley de Inversiones, archivada por la Asamblea Nacional.

Molleturo es una parroquia rural del cantón Cuenca, ubicada cerca del Páramo de El Cajas, en la provincia del Azuay. Desde hace más de 20 años, este pueblo resiste a la minería y al proyecto Río Blanco. La parroquia demanda la pronta atención del Estado para reparar la principal vía de acceso, el kilómetro 49 de la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, pero exige que la intervención del Ministerio de Transporte y Obras Públicas sea pensada en sus derechos y no en beneficio de la minería. Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido la militarización.

"Varias organizaciones sociales han empezado a construir propuestas de articulado de lo que sería una nueva ley de aguas; que resulte del análisis y consensos con la plena participación y decisión de las organizaciones campesinas, indígenas, negras montubias, comunales, y los aportes técnicos de sectores comprometidos con la defensa del agua y el buen vivir. El desafío es contar con una norma acorde con los derechos establecidos en la Constitución y que enfrente las graves amenazas que representan el extractivismo minero y petrolero, los agronegocios, las represas e hidroeléctricas, la financiarización del agua".

La Corte Constitucional de Ecuador respalda los esfuerzos por la protección de esta porción de Amazonía. Sin embargo, el gobierno de Lasso no detiene las operaciones en la zona.