Chile

El próximo 4 de septiembre llegará a término un proceso que podría terminar con el “enclave institucional heredero de la dictadura”, en términos del sociólogo Manuel Antonio Garretón. El proceso constituyente que ha vivido Chile desde 2019 hasta 2022 ha sido único en el mundo e, incluso, podría ser el único que ha cumplido con estándares democráticos de representación ciudadana de distintos sectores de la sociedad. Por lo pronto, el camino a seguir va a requerir la coalición de voluntades políticas y organización territorial. Por eso, es preciso comenzar a levantar el diálogo ciudadano y difundir los contenidos de la nueva Constitución en los diferentes territorios.

La Tercera Sala rechazó el recurso de casación presentado por la empresa y confirmó el fallo del Primer Tribunal Ambiental que sancionó al proyecto minero emplazado en la alta cordillera, en la Región de Atacama.

¡Continuamos desmenuzando la propuesta de nueva Constitución!

"La naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos", señala el texto consensuado por la Convención Constituyente de Chile para la nueva Constitución. Es un salto cualitativo en materia de derechos y sigue los pasos de Ecuador y Bolivia. El 4 de septiembre será la votación para ratificar la nueva Carta Magna.

Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático.

El pasado 4 de julio fue sin duda una fecha histórica para Chile, ya que por primera vez en su historia republicana, se entrega una propuesta constitucional para el país, redactada por un grupo de personas elegidas democráticamente, de manera paritaria, con escaños reservados para los pueblos originarios y con la presencia de listas de independientes.

Les invitamos a que vean el lanzamiento del libro "Guardianas del agua: (in)seguridad hídrica en la vida cotidiana de las mujeres".

Texto al que se sumaron convencionales -además de entidades medioambientales, territoriales y sociales- considera "un contrasentido" que un gobierno que se declara "ecologista" pueda evaluar la aprobación de este tratado.