Silvia Ribeiro

Sin discusión, igual que con la ley Monsanto de "bioinseguridad", la Cámara de Senadores aprobó el 27 y 28 de abril pasado dos leyes que instrumentan la privatización de los recursos genéticos de México y la concesión de patentes sobre conocimientos indígenas. El abuso de los términos parece ser el uso y costumbre de los legisladores: todo es en nombre del "desarrollo sustentable" (¿de las trasnacionales será?) y el "progreso", en particular de las comunidades campesinas y pueblos indios, paradójicamente los que más sufren el impacto de estas leyes

América Latina es el continente de mayor injusticia en el uso y acceso al agua. Según Maude Barlow, activista canadiense y referencia mundial en el tema, aunque tenemos el mayor volumen de agua dulce per cápita, con 20 por ciento del total mundial, la población del continente sólo accede a uno por ciento

El 21 de marzo pasado, la revista Nature reveló que la trasnacional Syngenta estuvo vendiendo por más de cuatro años una variedad de maíz transgénico que nunca fue aprobada por ninguna de las autoridades regulatorias de Estados Unidos

El problema del agua dulce no es que no alcance para la población mundial -al igual que la producción de alimentos, es suficiente para abastecernos a todos-, sino su injusto acceso y distribución, su acelerada contaminación y su despilfarro. El 70 por ciento del agua dulce disponible globalmente es utilizado en la agricultura industrial y 15 por ciento en otras industrias. Que a su vez son los responsables de la mayor y peor contaminación, debido a la filtración de agrotóxicos, la salinización de aguas y la contaminación industrial

Argentina, segundo productor mundial de transgénicos y tercero en la producción mundial de soya, sufre los ataques cada vez más agresivos de Monsanto para cobrar lo que según la multinacional "le pertenece" en concepto de regalías por el uso de su patente sobre la soya transgénica

El pasado 8 de marzo, Alberto Cárdenas, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, anunció que "en Chiapas se abren oportunidades para mercados legales de los recursos genéticos y la biodiversidad, ya que esa entidad es la segunda más rica del país en estos recursos". (La Jornada, Angélica Enciso, 8-3-05)

La Conanp declara que la capacidad de recuperación de las mariposas monarca es sorprendente y que seguramente esta vez también encontrarán formas de recuperación. Es posible, aunque habría que ver cuántos más transgénicos y tóxicos aguantarán. Lo que es seguro es que los indígenas y campesinos de México, aparentemente "pequeños y frágiles" y cuyas lenguas también están en peligro de extinción, seguirán tejiendo múltiples resistencias contra esta renovada agresión legal y biológica

El pasado diciembre, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, más conocida como Ley Monsanto. Es una aberración, ya que no crea un marco de seguridad para la diversidad biológica, la soberanía alimentaria, los cultivos y plantas de los que México es centro de origen o diversidad, base del sustento y las culturas de campesinos e indígenas que los crearon; pero le ofrece seguridad a las cinco empresas trasnacionales que controlan los transgénicos a escala global, de los cuales Monsanto tiene 90 por ciento