Silvia Ribeiro

Aunque el tema de los transgénicos es uno de los más polémicos en todo el mundo, los promotores de la biología sintética –otra forma de manipulación genética que plantea nuevos riesgos– esperaban seguir fuera del radar público y regulatorio. No lo lograron.

Las atrocidades contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Atyozinapa, que el 26 de septiembre dejaron seis personas asesinadas, 20 heridos y 43 jóvenes normalistas desaparecidos luego de haber sido detenidos por la policía que los cazó salvajemente, aliada y/o parte de un cártel de narcotraficantes; se ha convertido en un gigantesco espejo de la realidad en México.

Como si no bastara con garantizar la impunidad del duopolio televisivo –que también controla la mayoría de otros medios de comunicación– y el lavado cerebral constante que aplican a la población, en México se legalizó, a través de las reformas en telecomunicaciones, que “la autoridad ejerza vigilancia masiva de la Internet, los celulares, la fibra óptica, la telefonía fija, los servicios satelitales para geolocalizar a los usuarios en tiempo real, dónde están, adónde hablan, con quién se comunican y eventualmente bloquear por razones de ‘seguridad nacional’ la transmisión de señales en actos de carácter masivo o de protesta social.

Desvío de poder: uso sistemático del aparato y recursos del Estado para beneficiar a poderosos grupos económicos, incluso trasnacionales, en perjuicio de la población por la que debería velar, contra los derechos de los pueblos, la independencia y la soberanía. Para poder aplicar en todas sus dimensiones ese desvío, a los que protestan y resisten el consecuente despojo, a los que defienden la tierra, el territorio, sus derechos y recursos, se les criminaliza, persigue y encarcela, a menudo inventando acusaciones “legales” por delitos inexistentes.

Contra viento y marea, en un contexto de huracanes privatizadores que buscan entregar hasta el último recurso de México a las trasnacionales, se mantiene la resistencia popular contra los transgénicos y la suspensión legal contra la siembra de maíz transgénico que un juzgado otorgó ante la demanda colectiva promovida por 53 personas y 20 organizaciones civiles, ambientalistas y campesinas, representadas legalmente por Colectivas AC.

Se gastan más de 15 mil 500 litros de agua para producir un solo kilogramo (kg.) de carne vacuna. Para producir un kg. de maíz, con sistema de riego, se necesitan 31 veces menos: unos 500 litros de agua. Para producir papas, 255 litros y zanahorias 131 litros por kilogramo. 70 por ciento del agua dulce disponible a nivel global se usa en agricultura, y de ese volumen las tres cuartas partes lo gasta la agricultura industrial, aunque los alimentos que produce solamente llegan a 30 por ciento de la población global. Son datos del Atlas de la Carne, editado en 2014 en castellano por la Fundación Heinrich Böll, en colaboración con varias otras organizaciones.

"La industria de la carne no se ha detenido y sigue buscando escalas cada vez mayores. La concentración se da en dos niveles: a través de fusiones y adquisiciones –creando empresas cada vez más grandes– e intensificando la producción: aceleran el crecimiento artificialmente, agrandan los centros de cría, aumentan la cantidad de animales por superficie y el ritmo de procesamiento."

El 22 de julio, un juez de distrito en Yucatán, respondiendo al amparo de organizaciones de apicultores, campesinos y ambientalistas, anuló un permiso otorgado a Monsanto para sembrar soya transgénica en Yucatán, por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa). Jorge Fernández, del Colectivo MA OGM, refirió que con esta decisión se prohíbe, por ahora, la siembra de soya transgénica en el estado de Yucatán, lo cual se suma a las sentencias en el mismo sentido que se emitieron en Campeche, en marzo y abril de 2014, a favor de apicultores mayas.