Hay una certeza que crece en los espacios donde se divulga la situación de los pueblos originarios en América Latina, incluso en algunas audiencias públicas del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en Estados Unidos: existe la pretensión, nada solapada, de expulsar al pueblo garífuna de sus territorios en Honduras, desconocerle sus derechos, deshabilitarle sus estrategias de subsistencia y empujarlos a un exilio a Estados Unidos donde los reciben con marginación, encierro, maltrato y hasta trabajo esclavo.