Luis Hallazi

El pueblo Kukama Kukamiria que se puede traducir al castellano como “Chacra pequeña amamantada” son un pueblo pacífico, reconocidos en la Amazonia como grandes pescadores, aproximadamente suman 37 mil miembros reunidos en comunidades entre las cuencas del río Marañón, Tigre, Urituyacu y río Huallaga, donde un grupo de ellos convive desde hace décadas con lotes de explotación petrolera (Lote 95, Lote 8) superpuestos en sus territorios.  

Para ejercer un buen gobierno es necesario conocer a tu pueblo, eso significa, entre varias cosas, que las instituciones estatales cuenten con información para tomar decisiones en busca del bien común de los ciudadanos. Esta lógica tan elemental para la toma de decisiones, en la realidad peruana y rural suele ser poca frecuente en su implementación.

"El Estado con sus sucesivos gobiernos ha mantenido una política de promoción de las inversiones a toda costa y bajo todo coste, en sectores estratégicos como la minería, esto ha llevado al extremo del sin sentido desde la racionalidad del Estado, aprobando normas para facilitar la inversión minera a costa de vulnerar derechos y en algunos casos destruir comunidades campesinas. A estas alturas del camino, estas prácticas se han normalizado."

La muerte de la sabia espiritual del pueblo originario Shipibo Konibo Olivia Arévalo remeció al país. A propósito de este lamentable suceso, compartimos un artículo del abogado Luis Hallazi, en el que explica la vital importancia que tenía la defensora cultural ante la dominación de una cultura hegemónica. Además, exhorta una especial atención para la situación de los pueblos indígenas de la Amazonía.

El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés) es un tratado multilateral firmado entre 12 países para favorecer a las corporaciones transnacionales principalmente estadounidenses y japonesas, con el fin de consolidar una nueva arquitectura normativa donde se otorgan derechos ilimitados a los inversionistas, en perjuicio de los derechos humanos y de los intereses de los gobiernos receptores de inversiones.

Las vidas de cerca de 2 mil 500 millones de personas dependen de tierras indígenas y comunitarias, las cuales suponen más del 50% de la tierra del planeta; sin embargo, legalmente solo son dueñas del 10%. Los 5 mil millones de hectáreas restantes están desprotegidas y son vulnerables al acaparamiento de tierras por parte de entidades más poderosas, donde en muchos casos los Gobiernos son utilizados por empresas transnacionales para despojarlos de sus tierras.

Las recientes proyecciones del crecimiento económico, no muy alentadoras para Perú desde hace algún tiempo, han generado que el Poder Ejecutivo impulse una agresiva flexibilización de las normas ambientales y sociales, y con ello un debilitamiento en las instituciones que son las que permitirían mantener un equilibrio entre las inversiones que se pretenden generan y el respeto y protección a los derechos de los demás actores que podrían ser afectados.

Conforme se acerca el mes de diciembre nuestras luces de consumo navideño se encienden y quizás alguna conciencia climática aparezca. Se trata que del 1 al 12 de diciembre se reúnen representantes de 194 países en Lima para ocuparse en un borrador de documento que permita ser base de un acuerdo a los serios problemas de calentamiento global; corroborado por sendos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), un panel de científicos que va por su quinto informe y que en el terreno ya cuenta con millones de personas que desde hace un tiempo empiezan a sufrir las consecuencias.