Perú - Tierras comunales: Una apuesta por el futuro
Las vidas de cerca de 2 mil 500 millones de personas dependen de tierras indígenas y comunitarias, las cuales suponen más del 50% de la tierra del planeta; sin embargo, legalmente solo son dueñas del 10%. Los 5 mil millones de hectáreas restantes están desprotegidas y son vulnerables al acaparamiento de tierras por parte de entidades más poderosas, donde en muchos casos los Gobiernos son utilizados por empresas transnacionales para despojarlos de sus tierras.
En el caso peruano, esta realidad no es ajena; al contrario, calza perfectamente. En el reciente informe 2016 sobre el estado de las comunidades indígenas, elaborado por el Colectivo Territorios Seguros para las Comunidades del Perú, se revelan cifras que llaman la atención. Empezaríamos por mencionar que los pueblos indígenas en el Perú, están organizados a través de comunidades campesinas y nativas; estas a su vez gozan de autonomía organizativa según el artículo 89 de la Constitución, es decir, son o en todo caso deberían ser las comunidades un nivel de autogobierno territorial (gobierno nacional regional, local y comunal); sin embargo, las comunidades indígenas han estado relegadas y excluidas en la construcción de Estado republicano, al punto que actualmente el Estado no sabe con exactitud cuántas son, dónde están o cuáles son sus necesidades.
Según el informe, en el Perú contamos con 10 mil 529 comunidades, divididas en 6 mil 120 comunidades campesinas de la sierra y costa, 2 mil 400 comunidades ribereñas de la amazonia (poco estudiadas hasta el momento) y 2 mil 9 comunidades nativas. Todas juntas poseen el 49,1% del total de la superficie territorial del Perú; si a esta cifra le agregamos el 5% de Reservas Territoriales, hoy llamadas Reservas Indígenas para pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial, llegaríamos al 54,1% del territorio nacional, es decir, más de la mitad de las tierras y territorio peruano están en manos de comunidades y/o en formas de gestión comunitaria de la tierra, sin mencionar otras modalidades de gestión comunal del agua, los bosques y demás bienes comunes de la sociedad.
De ese número total de comunidades solo están reconocidas y tituladas 6 mil 506, aún faltan por titular alrededor de 4 mil 23 comunidades campesinas y nativas (40% del total); pero además, según datos de COFOPRI, solo el 6,7% de las comunidades nativas y el 38,5% de las comunidades campesinas cuentan con una georreferenciación oficial de sus linderos; la gran mayoría de los planos que acompañan los expedientes de titulación están desfasados, lo que dificulta su ubicación exacta, siendo agravada por la superposición de concesiones que el Estado otorga en los territorios de comunidades.
En resumidas cuentas, existe una gran inseguridad sobre las tierras comunales, donde el papel del Estado ha sido y es cuestionable en últimos cuarenta años de gobiernos sucesivos; esta situación tiene que ver con una estrategia para debilitar este régimen de propiedad comunal, existe una ambición por las tierras comunales, ya sean para la actividades extractivas (minería, hidrocarburos, monocultivos, etc.) de infraestructura pública o privada; y recientemente de especulación inmobiliaria; lo que se está reflejando en normas legales promovidas desde el gobierno que debilitan el marco de protección de derechos de las tierras comunales de los pueblos indígenas.
En el caso de la región de Puno, se registran mil 316 comunidades campesinas; es la región que posee más comunidades, actualmente están tituladas mil 57, donde aún restan por titular 259; estos datos hay que corroborarlos en el campo, puesto que, como lo mencionamos, no hay datos oficiales al día de hoy, ni un catastro rural que permita visibilizar las tierras de las comunidades, puesto que la mayoría de sus límites y linderos no están correctamente georreferenciados y la superposición de concesiones agrava más el caos territorial que se tiene no solo en la región de Puno, sino en todo el país.
En estos últimos 40 años, pese a poseer más del 50% del territorio con al menos el 30% de la población total, increíblemente no han existido políticas públicas que pongan como eje a las comunidades para el desarrollo rural del país. Las comunidades siguen dando un gran aporte al país, gracias precisamente a sus formas de gestión comunal; no olvidemos que más del 70% de alimentos que consumimos en las ciudades provienen en gran parte de ellas, nos hemos olvidado que de alguna u otra forma provenimos de nuestros pueblos indígenas y originarios, organizados hoy en comunidades campesinas y nativas, los verdaderos poseedores de la riqueza y diversidad que tanto nos enorgullecen.
Por Luis Hallazi - Abogado y politólogo, investigador en derechos humanos: moc.liamg@izallah.siul
10 de julio, 2016
Fuente: Los Andes