Eliana Gilet

Aunque Colombia fue el primer país —y hasta ahora el único— del continente americano que neutralizó su adhesión a Upov91, obligación del Tratado de libre comercio con Estados Unidos, existen otros mecanismos que protegen los intereses de las trasnacionales sobre el derecho de los pueblos.

Presiones de empresas trasnacionales, cámaras agrícolas y bancos privados de semillas apuran en México un cambio legislativo que puede transformar para siempre la forma en que se practica la agricultura en el país, poniendo en riesgo su soberanía alimentaria.

El Colectivo de Comunidades mayas de Hopelchén, Campeche, en el Golfo de México se asestó una primera victoria a comienzos de 2017, cuando logró que se revocara la autorización que Monsanto había recibido en 2012 para plantar soja transgénica en el país.

“La comunidad está dividida, porque el Comisariado ya está prometiendo que va a entregar la mitad del dinero que coseche por el arrendamiento de las tierras comunales y el permiso de explotación".

"Siempre digo que si fuera la salvación de nuestras comunidades, no tendía oposición. Lo que nos queda claro es que la tierra no se negocia. Podemos dialogar pero eso tampoco se da, porque fíjense que el gobierno nunca se ha dirigido a la gente, sostiene Trini".

En México, la comunidad Júba Waijín plantea el tema de un debate que debe resolver la justicia: la ley de minería es inconstitucional porque atenta contra derechos fundamentales de pueblos originarios.

"La Campaña en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio fue lanzada el 10 de abril con ese propósito, ver la línea invisible que une a las luchas y a los pueblos en resistencia a lo largo y ancho de México"

"A los 30 días de la caída de esas concesiones, la Secretaría de Economía publicó en el diario Oficial de la Federación, las declaraciones de libertad de esos terrenos, para que una nueva empresa pueda plantar en ellos sus proyectos extractivos".