Tras las elecciones de 2004 el nuevo gobierno socialista rectificó parcialmente la fracasada política hidrológica basada en la construcción de grandes embalses y el trasvase de aguas. El Gobierno de España derogó los trasvases, cambió la ley del Plan Hidrológico Nacional y se comprometió a dialogar sobre el tema con los afectados. Desgraciadamente, poco o nada de este nuevo talante se ha dejado sentir en Navarra, donde la Administración del Estado, representada por la CHE, y el Ejecutivo de UPN siguen empeñados en culminar el binomio Itoiz-Canal de Navarra, paradigma de desarrollo insostenible y gestión ineficaz de recursos públicos