Daniel Gatti

No pueden existir cuerpos sanos en territorios enfermos, dice Damián Verzeñassi, director del Instituto Nacional de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en Argentina. Durante casi una década, este especialista en Medicina Legal coordinó los llamados campamentos sanitarios, un trabajo de extensión que los estudiantes debían realizar al final de la carrera.

Verzeñassi estuvo en Montevideo invitado por la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria (Sumefac). Participó en un taller con personal médico, dio una charla pública en el auditorio del Sindicato Médico y se estrenó como docente en un nuevo curso sobre salud socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Un grupo de la Sumefac está operando actualmente en Rocha, en comunidades afectadas por los arrozales. «Los vecinos dicen que quieren saber qué les está pasando, porque están teniendo problemas de salud recurrentes que antes no tenían. Lo mismo que sucedía en Argentina. En toda América Latina estamos confrontados a un sistema muy aceitado, que se ha ido implementando metódicamente desde hace décadas», dice en entrevista con Brecha.

En momentos en que se presenta una nueva demanda internacional contra el presidente de Brasil por crímenes contra la humanidad por la devastación que está causando su política de deforestación en la Amazonia se difunde un informe que destaca la responsabilidad de empresas y bancos occidentales en esas prácticas.

La industria química está presionando en Europa para que el glifosato pueda seguir siendo empleado en el continente, a pesar de que 60 por ciento de los estudios universitarios publicados en la región demuestran su nocividad.

Con menos de 50 años, Julio de los Santos tiene una incapacidad física de cerca del 90 por ciento, respira con ayuda mecánica y para sobrevivir necesita enormidad de medicamentos y tratarse casi todos los días en un centro de salud. Todo eso se lo debe a su exposición a agrotóxicos durante los 384 días en los que la empresa para la que trabajaba, Arrozal 33, lo exprimió hasta más no poder.

Desde la ausencia de consulta previa hasta irregularidades de funcionamiento de todo tipo pasando por la falta de un estudio completo de impacto ambiental: el puerto que la transnacional Cargill opera desde 2003 sobre el río Tapajós, en el estado de Pará, se saltea alegremente normas ambientales elementales, pasa por encima de los derechos de los pueblos indígenas que allí viven y tiene consecuencias económicas negativas sobre la región.

De a poco, a fuerza de investigaciones independientes y de acciones judiciales, las transnacionales agroquímicas y sus productos estrella van quedando al desnudo. Después de Bayer-Monsanto le tocó el turno a Syngenta.

Ubicada entre las empresas que mayores ganancias han obtenido durante la pandemia de coronavirus, dirigida por el hombre más rico del planeta, Amazon no sólo ha agravado la crisis del pequeño y mediano comercio urbano a escala planetaria, sino que ha expandido un modelo de organización laboral absolutamente depredador.