Una maquinaria de destrucción, con la soja y la ganadería como motores

El documento, de la Red Europea de Observatorios de Multinacionales (ENCO, por su sigla en inglés), destaca la dependencia de la exportación de materias primas como “la causa principal del nivel sin precedentes de deforestación y explotación de la naturaleza en los dos ecosistemas más ricos de Brasil: la Amazonia y el Cerrado”.

“Numerosos intereses económicos amenazan vastos territorios de estos ecosistemas: el avance de la agroindustria basada en la ganadería, los grandes monocultivos de soja, las actividades mineras y de explotación forestal vinculadas a las industrias de materias primas”, dice.

Tanto la Amazonia como el Cerrado se han convertido en escenarios de disputa entre empresas y entre éstas y las poblaciones locales.

ENCO recuerda en ese sentido que ambas regiones no son solo extremadamente ricos en flora y fauna y en recursos hídricos, sino que son además hábitat de comunidades autóctonas y afrodescendientes y de pequeños agricultores “que desde hace siglos han permitido que la economía local coexista con la pervivencia de los recursos naturales”.

El gobierno de Bolsonaro, subraya el documento, ha jugado siempre en favor de las corporaciones, que en los últimos años han lanzado una campaña de conquista de estos territorios acompañada de un desmantelamiento de la legislación y de los organismos ambientales y de ataques sistemáticos a las poblaciones locales para expulsarlas de sus tierras.

Los incendios que en 2019 arrasaron como nunca la selva amazónica fueron muy probablemente causados por agentes de compañías que allí ya operan o pretenden operar.

Financiando la destrucción

El informe destaca cómo buena parte de esas empresas cuentan, en mayor o menor grado, con el apoyo financiero de bancos occidentales, en especial europeos.

Un ejemplo citado en el informe: el del Banco Santander español, que en 2016 fue multado en Brasil en 15 millones de dólares “por haber proporcionado apoyo financiero a cultivos en zonas deforestadas ilegalmente”.

Cinco grandes corporaciones agrícolas, entre ellas las estadounidenses Cargill y Bunge, fueron por su lado condenadas a pagar 29 millones de dólares luego que una investigación del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) revelara que habían cultivado cereales en áreas donde la agricultura está prohibida.

Otros casos: los de la minería, el transporte, la distribución de energía. Transnacionales europeas de esos sectores, como las mineras Imerys, de Francia, y Norsk Hydro, de Noruega, han sido repetidamente acusadas de “generar impactos negativos” en el estado amazónico de Pará, tanto en el plano ambiental como del respeto a los derechos de las comunidades locales.

Oro verde

“De todos los productos de base que presentan un riesgo medioambiental, la soja es el más negociado en los mercados internacionales”, indica la investigación.

En 25 años el área destinada a la soja en Brasil creció 400 por ciento y hoy el país está, junto a los otros tres integrantes del Mercosur, Argentina, Paraguay y Uruguay, entre los principales productores mundiales de la oleaginosa.

Concentrada en un comienzo en regiones del sur del territorio, la soja se expandió luego hacia otras en principio menos favorables para su cultivo.

Nacionales y extranjeras

Los cuatro principales destinos de la soja brasileña producida en las áreas deforestadas de ambas regiones son europeos: Países Bajos, España, Francia y Alemania, en ese orden. Más lejos aparecen China y Estados Unidos.

“Estudios recientes calculan que en los últimos años llegaron al mercado europeo aproximadamente dos millones de toneladas de soja plantada ilegalmente por año, de las cuales 500.000 toneladas se produjeron en la región de la Amazonia”, destaca el documento.

Cinco grandes corporaciones, todas extranjeras, dominan la cadena sojera brasileña: ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y COFCO.

En la carne, en cambio, tanto bovina como aviar, son las translatinas brasileñas las que controlan el negocio de la producción: JBS, Marfrig, BRF, Minerva.

Pero entre los accionistas de estas corporaciones figuran grandes inversores globales como las transnacionales financieras Morgan Stanley, Black Rock y Vanguard, los bancos BNP-Paribas, Santander, Deutsche Bank, HSBC, la cadena de supermercados Carrefour, la transnacional láctea Nestlé.

Todas estas empresas, vernáculas y foráneas, confluyen en la explotación de un negocio del que conocen a carta cabal las condiciones de ilegalidad en que se genera, como lo destacaba, el año pasado una investigación de Global Witness.

La ONG lamentaba la carencia, en Europa, de leyes que impidan a estas compañías hacerse las distraídas.

“Los bancos, los inversores, las agencias de calificación, los importadores y los supermercados no tienen la obligación de realizar controles sobre el riesgo de deforestación antes de hacer negocios con las empresas del sector de la carne” y pueden así invisibilizar su accionar.

Todo atado

Broche de oro de la complicidad occidental con la devastación de estas zonas del territorio brasileño: la financiación de empresas inmobiliarias que compran, venden, alquilan y/o gestionan tierras agrícolas.

En el Cerrado, dice ENCO, “se han privatizado ilegalmente vastas zonas indígenas que oficialmente pertenecen al Estado”, desencadenando una dinámica que “conlleva generalmente la expulsión violenta de los habitantes, así como desbroces o deforestaciones masivos”.

Las sociedades inmobiliarias cuentan con el respaldo financiero de un fondo de inversión estadounidense llamado TIAA, alimentado a su vez por fondos de pensión europeos.

Según el sitio fundspeople.com, el TIAA, creado en 1918 para “ofrecer soluciones de ahorro a los profesores de Estados Unidos”, estuvo entre las principales fuentes de inspiración de quienes en Chile pergeñaron los fondos privados de pensión, las AFJP, montando un sistema previsional considerado entre los más expoliadores del mundo.

En Brasil, donde maneja activos por unos 2.000 millones de dólares, financia a la mayoría de las empresas extranjeras que poseen tierras agrícolas y “ha creado una compleja red para comprar e invertir al margen de las restricciones legales impuestas por las leyes nacionales sobre la propiedad inmobiliaria por parte de personas extranjeras”.

“En medio de este panorama, concluye ENCO, la responsabilidad de las empresas o las instituciones financieras europeas tiende a invisibilizarse. Pero no desaparece en lo más mínimo”.

Fuente: Rel UITA