El inicio de año está marcado por una continuidad de la violencia contra las comunidades rurales por parte de civiles armados y agentes estatales que responden a los intereses del agronegocio. Al menos seis comunidades, indígenas y campesinas, fueron víctimas de amenazas, desalojos y ataques, según reporta el Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de BASE-IS.