La Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró inconstitucional la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, conocida también como Ley Monsanto, aprobada por el Congreso del país centroamericano en 2012. A partir de esta legislación, se prohibía guardar semillas, regalarlas e intercambiarlas. Esta iniciativa se dió en el marco de la avanzada de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización que, como explica GRAIN, "trabaja exclusiva y explícitamente por la privatización de las semillas en todo el mundo, mediante la imposición de los derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales". El Estado hondureño es uno de los que suscribió el Convenio UPOV.
