Tierra, territorio y bienes comunes

"La oligarquía del poder saca tajada y entre bambalinas negocia componendas urbanísticas, firma recalificaicones y transforma el suelo rústico en urbanizable. Los casos de corrupción se multiplican. La cultura del sobre está al orden del día. Se desarrolla, así, un nuevo caciquismo que hace grandes negocios a espaldas, y a costa, de la ciudadanía y del territorio."

"Los pueblos indígenas manifiestan su rechazo al proyecto de ley de fomento forestal que terminará de saquear los bosques y territorios indígenas. La ley CORMA & forestales representa una nueva invasión forestal, un crimen social y ambiental."

"Los pueblos indígenas manifiestan su rechazo al proyecto de ley de fomento forestal que terminará de saquear los bosques y territorios indígenas. La ley CORMA & forestales representa una nueva invasión forestal, un crimen social y ambiental." ¡Apoye con su firma la Declaración!

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está ante la oportunidad de reconocer por primera vez el derecho a las tierras ancestrales de un pueblo, en el caso de los choles del ejido Tila; de lo contrario, demostraría que “trabaja para los capitales”, indica Francisco Pérez, comisionado del ejido para difundir el caso.

Tras una década de estigmatización, judicializaciones, encarcelamientos, amenazas, ejecuciones extrajudiciales, entre otros hostigamientos contra el campesinado que las impulsa, las Zonas de Reserva Campesina no solo sobreviven, sino que se yerguen en un contexto marcado por intensos debates sobre el secular problema agrario colombiano.

"Los productores de la Reserva Grande, en la Provincia del Chaco, solicitan al gobierno provincial la mensura de las tierras que históricamente ocupan y que sean desafectadas de las 308.000 hectáreas que fueron mensuradas para ser entregadas a la asociación MoWiTob."

"Exigimos a los tres poderes del Estado de Honduras que se nos respete la posesión de las tierras, ya que nuestro propósito es poder desarrollar una ciudad modelo campesina, porque sabemos que no existe voluntad del Gobierno en desarrollar urbanizaciones para las familias campesinas empobrecidas."

"Considerando que como ciudadanos y miembros de comunidades rurales y costeras es legítima práctica de los Derechos Humanos defender nuestros recursos naturales y bienes útiles para la subsistencia y desarrollo por una vida digna, denunciamos enérgicamente las pretensiones con que el gobierno actual gestiona a favor de las transnacionales del turismo inmobiliario, las facilidades para que operen en la implementación de dicho megaproyectos de carácter negativo para la vida socio-ambiental."