"Considerando que como ciudadanos y miembros de comunidades rurales y costeras es legítima práctica de los Derechos Humanos defender nuestros recursos naturales y bienes útiles para la subsistencia y desarrollo por una vida digna, denunciamos enérgicamente las pretensiones con que el gobierno actual gestiona a favor de las transnacionales del turismo inmobiliario, las facilidades para que operen en la implementación de dicho megaproyectos de carácter negativo para la vida socio-ambiental."
