Minería

El incremento de las actividades mineras en América Latina no ha cesado desde mediados de los 90. La región atrae cerca del 27 por ciento de las inversiones en este sector y hay muchos proyectos por comenzar. Varios países basan sus exportaciones en la minería y otros de la región intentan sumarse a esta lista.

Cuando el gobierno de la “revolución ciudadana” prepara las plumas para firmar los famosos contratos mineros, vale hacer la pregunta: ¿Qué importancia tiene en esta “revolución”, la Constitución y los derechos del pueblo? Y la respuesta es NINGUNA.

El gobierno federal concesionó durante la década anterior de gestiones panistas 26 por ciento del territorio nacional, alrededor de 56 millones de hectáreas, a la industria minera y están en marcha 757 proyectos extractivos de capital extranjero.

La explotación de minas a cielo abierto produce contaminación y serias consecuencias para la población. Enfrentarse a las multinacionales que se instalaron en los 90 no parece simple.

"El pasado 6 y 7 de julio, autoridades y líderes comunales de la provincia de Puerto Inca, intervinieron 20 campamentos de mineros ilegales en el sector Alto Río Negro jurisdicción del distrito de Yuyapichis, el mismo que se encuentra ubicado al interior de la Reserva Comunal El Sira."

Comunidades Campesinas Indígenas de la Puna de Jujuy y Salta, y del resto del país, estuvimos presentes en defensa de nuestros territorios y de los bienes naturales, contra el avance de las mineras de Litio.

El 21 de julio, "ante el arribo de empresas multinacionales en busca de litio", comunidades indígenas de la puna salteño-jujeña agrupadas en la Mesa de Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes exigen sobre la Ruta Nacional 52 el cese de la actividad minera y la cancelación de todos los permisos de cateo y explotación concedidos.

Indígenas de Salta y Jujuy cortaron la ruta 52 en rechazo a la actividad minera. Reclaman participación en las decisiones sobre los proyectos que afectan sus territorios. El caso llegó a la Corte Suprema de la Nación y a las Naciones Unidas.