Minería

El 7 de marzo cayó uno de los más sólidos mitos de los uruguayos: la confianza en las empresas estatales. Ese día quienes abrieron los grifos sintieron un olor nauseabundo y los que tomaron mate o café sintieron un sabor extraño. La empresa estatal encargada del suministro de agua, OSE (Obras Sanitarias del Estado), debió reconocer “un episodio” de contaminación con algas en la cuenca del río Santa Lucía, que abastece a seis de cada diez uruguayos.

El presente informe tiene por objeto dimensionar en el plano territorial el problema que implica el avance de la actividad minera en las provincias de Río Negro y Chubut, haciendo especial referencia a la modalidad de minería metalífera que emplea sustancias tóxicas en cualquiera de sus procesos y cuya implementación produce daños en el ambiente natural y deterioros en el tejido social de las comunidades donde este tipo de explotaciones se llevan acabo.

Para justificar el Estado de Sitio en los municipios de Jalapa y Mataquescuintla, además de San Rafael Las Flores y Casillas, el Gobierno dijo que perseguían a una estructura criminal vinculada al narcotráfico. Aquí lo que hay es una burda criminalización de la protesta y represión de quienes se oponen a la minería.

"Yo estoy desplazado acá por la minería, hace un mes. Me sacó de mi municipio la minería ilegal. No, no vaya a decir de dónde vengo. Mi nombre, menos". Con el atemorizado hombre de piel azabache, de unos 40 años, IPS acordó decir solo que proviene del sur de la Costa Pacífica de Colombia.

"El Gobierno de La Rioja no está escuchando la voluntad del pueblo, empecinado en imponer la actividad minera en la provincia y en negociar, al precio que sea, la licencia social. Esto es lo que están haciendo con la persecución de los asambleístas y contra la gente que está involucrada en la causa. Justamente, en nuestro pueblo y en otros departamentos de la provincia, están intentando la compra de voluntades y de conciencias por medio de la diputada Olima y de militantes políticos o punteros."

Con la instauración del Estado de Sitio lo que se busca es institucionalizar el proceso de control social y el apoyo al proyecto minero.

"Una comisión del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama y varias otras organizaciones fraternas de la CNDVS, se trasladaron a Quito el pasado 2 de mayo con el objetivo de conversar con la máxima autoridad de la Defensoría Nacional en reclamo al desacato al Mandato Minero emitido por la Asamblea Constituyente en el 2008 por el cual, quedaron extinguidas las concesiones de las empresas mineras."

"El Observatorio de Pueblos Indígenas destacó que el Estado de Sitio tiene características represivas y pretende deslegitimar la protesta social pacifica que han mantenido las comunidades en la zona debido a la instalación de la mina San Rafael, desde el 2008."