Megaproyectos

Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Chile, liderado por César Méndez, visitó en septiembre de 2016 el pueblo El Durazno, para evaluar los hallazgos realizados por la comunidad local. Por encargo de la Municipalidad de Combarbalá, elaboró luego un informe, que fue acogido por el Consejo de Monumentos Nacionales, en el que se da cuenta del invaluable patrimonio arqueológico que pretende inundar el MOP.

"El megaproyecto Hidroeléctrico Hidroituango es el más grande que se está gestando en Colombia desde el año 2008, el Movimiento ha emitido múltiples informes de violación de derechos humanos frente a la vulneración que han sufrido las comunidades, la mega obra es propiedad del Gobierno de Antioquia y de Empresas Públicas de Medellín, una entidad pública en Colombia lo que ha hecho que nuestra lucha se invisibilice y las violaciones queden impunes por ser de responsabilidad exclusiva del gobierno colombiano."

Más de cincuenta mujeres indígenas zapotecas del pueblo Binnizá mantienen bloqueada la carretera federal Panamericana 190 a la altura de la comunidad Puente Madera para exigir que se detengan las obras de construcción de la instalación de la planta eléctrica para el parque eólico que construye la empresa Tradeco.

Isidro Baldenegro, líder ambientalista y defensor del bosque y el territorio rarámuri fue asesinado el 15 de enero en Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Baldenegro, al igual que Berta Cáceres, defensora hondureña de los ríos y el territorio, fue reconocido con el premio Goldman, considerado el Nobel de la defensa del ambiente. A pesar del reconocimiento internacional, ambos defensores indígenas de la tierra y el territorio fueron asesinados en un lapso de nueve meses.

Dirigenta de la Comunidad Cordillerana de San Fabián de Alico (Ñuble), da cuenta de los atropellos de que son objeto habitantes de esta localidad por parte del Estado y la empresa concesionaria Astaldi en el marco del proyecto Embalse Punilla.

El 2 de marzo 2016, Berta Cáceres fue asesinada por el gobierno local del departamento de Intibucá y por el gobierno nacional de Honduras, y por una compañía multinacional hidroeléctrica, Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), con el apoyo -al menos tácito- de los Estados Unidos. En septiembre del año pasado, toda la evidencia que la familia Cáceres había recopilado durante meses fue robada, casi con seguridad, por el gobierno hondureño. El gobierno también se ha negado a compartir información con la familia y no ha permitido que instituciones independientes, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), apoyen el proceso.

Se niegan rotundamente habitantes del municipio de Pajapan, a la instalación de un parque eólico, en la comunidad de San Juan Volador, debido al grave daño ambiental que este podría ocasionar.

Na última quinta feira (6/4), o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) suspendeu a Licença de Operação (LO) da Usina Hidrelétrica de Belo Monte concedida em novembro de 2015.