Megaproyectos

"La tribu yaqui ha recorrido durante los últimos cuatro años un camino jurídico y de movilizaciones en defensa del agua del río Yaqui, que el gobierno de Sonora pretende arrebatarle para abastecer a empresas de Hermosillo, para lo cual construye el Acueducto Independencia."

Para a UNAC, a Cimeira dos Povos da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) em Bulawayo, no Zimbabwe, em que participou, foi uma oportunidade para promover e expandir a sua campanha, bem como para procurar e desenvolver apoios junto de outros movimentos regionais contra o projeto do Prosavana.

Policía ocupó casas, reprimió, asesinó y robó bienes a comunidad Monte Olivo, Cobán, en resistencia contra hidroeléctrica.

Documental sobre la resistencia de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla, contra los megaproyectos de muerte.

"San Lorenzo de Huitzizilapan es una de las trece comunidades afectadas por la construcción de la autopista Toluca- Naucalpan, que conectará la lujosa zona de Santa Fe con el aeropuerto internacional del estado de Toluca. El domingo seis de julio, los opositores a esta obra realizaron una cadena humana para impedir la asamblea donde se daría el cambio de uso de suelo de tierras ejidales y la respuesta del gobierno municipal fue la represión y violencia para imponerles una obra que destruirá su territorio."

Miembros del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGO-DH) denunciaron haber recibido amenazas telefónicas a inicios de julio, por su apoyo a los pueblos indígenas que en defensa de sus territorios se oponen a proyectos eólicos en el estado de Oaxaca, México.

Pídele YA a la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Luz Helena Sarmiento Villamizar, que haga respetar los derechos constitucionales ambientales de la comunidad, el agua y la biodiversidad de la Reserva Forestal Protectora Nacional del Río Nare, en su Zona de Protección y de Restauración Ecológica, amenazada por el megaproyecto conocido como “Túnel de Oriente” de 8.2 km de longitud.

"La forma como Emgesa entorpeció la participación de los afectados y sus organizaciones en el nuevo censo de afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, ordenado por la Sentencia T-135/13 de la Corte Constitucional fue mediante la contratación de un “equipo interdisciplinario que desarrollará una propuesta metodológica estructurada con base en las premisas y actividades” previamente establecidas por la compañía y no en los postulados de la sentencia T-135 y, en especial, el derecho a la participación efectiva, libre e informada de los habitantes de la zona."