México: Defensa del Río Yaqui. La nueva batalla de la tribu

Por Gloria Muñoz Ramírez

Foto: Anónimo, 1903

La tribu yaqui ha recorrido durante los últimos cuatro años un camino jurídico y de movilizaciones en defensa del agua del río Yaqui, que el gobierno de Sonora pretende arrebatarle para abastecer a empresas de Hermosillo, para lo cual construye el Acueducto Independencia, obra impugnada desde su licitación, por la que diferentes instancias jurídicas han fallado a favor de la tribu ordenando su suspensión.

En estos momentos, sin abandonar los tribunales, la tribu se encuentra nuevamente en las calles. Por un lado, sus bases bloquean de manera intermitente la carretera Internacional a la altura de Vícam, Sonora, y por el otro, preparan una caravana de 150 yaquis a la ciudad de México para la segunda semana de agosto, con el fin de exponer todas las afectaciones de la obra en las diferentes instancias institucionales, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

La batalla jurídica contra una obra que no debió haber empezado y que lleva ya el 70 por ciento de avances, contempla ocho amparos interpuestos, todos ganados. El más reciente fue el otorgado a su favor a principios de agosto, ordenando nuevamente la suspensión del acueducto.

El asunto es que las resoluciones jurídicas hasta el momento han sido desatendidas por el gobierno estatal encabezado por Guillermo Padrés. ¿Por qué habrían de acatar en esta ocasión la disposición del juez Octavo de Distrito? El asesor jurídico de la tribu y de los productores del Valle, Alejandro Olea, advierte que debido a que “el gobierno del estado ha violado reiteradamente la suspensiones dictadas por el poder judicial de la federación, no se había logrado detener la construcción del acueducto, pero ahora la obra de toma ya no la tiene ellos, sino la Comisión Nacional del Agua”, por lo que se espera que, ahora sí, se proceda a la suspensión.

La tribu yaqui y los productores del Valle del Yaqui han entablado juicios desde el 2010, todos con sentencias a su favor. Con este nuevo amparo, el Tribunal Colegiado de Circuito no podrá echar por tierra la sentencia, pues se trata de un juicio anterior a la construcción del acueducto, indica el abogado. Pero como nada es seguro, apuntan desde el sur de Sonora, las movilizaciones continúan, al igual que su intención de llevar sus demandas a la ciudad de México.

El pasado 15 de julio, antes de la resolución de este amparo, el Tribunal Colegiado de Hermosillo anuló el resolutivo del juez octavo que otorgó la suspensión, motivo por el que los yaqui retomaron los bloqueos, en la carretera federal número 15, a la altura de Vícam, hasta nuevo aviso.

Con 50 grados centígrados a la sombra, hombres y mujeres de la tribu bloquean de manera intermitente la carretera internacional. Juan Domingo Molina Valencia, representante de la Comisión Técnica de los yaqui, explica que nueve meses de bloqueos anteriores les han dado la experiencia para organizarse a pesar de las adversidades del clima.

“Nosotros resistimos de manera pacífica, pero estamos en el ojo del huracán, los medios de comunicación ponen a la gente en contra nuestra, y por eso esto es parte de la lucha, para explicar por qué no queremos el acueducto”, señala Molina Valencia en entrevista telefónica.

Por su parte, el encargado de la defensa de los yaqui advierte que desde enero del 2010, personal técnico del Distrito de Riego de Ciudad Obregón, asesores de productores agrícolas del Valle del Yaqui y miembros de la comunidad, trataron de hacer ver al gobierno de Sonora que la construcción del acueducto representaba una grave afectación para todo el valle, para su desarrollo, para su bienestar, para los usos doméstico, agrícola e industrial, pero no fueron escuchados.

En ese momento, explica el abogado en entrevista con Ojarasca, se plantearon alternativas, tales como reciclar agua residual, reparar la red de distribución, la desalación de pozos salobres y la desalación de agua de mar, entre otras, pero nada se tomó en cuenta.

El gobierno, indica, “difundió la falsedad de que a Hermosillo le falta agua para el consumo humano, pero la realidad es que quieren el agua para la agricultura y el desarrollo económico. En la agricultura utilizan aproximadamente 700 u 800 metros cúbicos cada año y la ciudad necesita 100”. Entonces, luego de que los afectados agotaron las alternativas “y no hubo compresión sino imposición por parte del gobierno del estado, en complicidad con el gobierno federal, se tuvo que recurrir a las vías legales”.

La construcción del acueducto no se ha concluido. Existen obras que forman parte del proyecto y que aún no se han hecho, como el Ramal Norte, el Ramal Sur, potabilizadores, tratadoras de agua residuales, etcétera. En este sentido, advierte Alejandro Olea, “no puede ni debe continuarse con la construcción y operación, pero hay que esperar a ver qué se resuelve en las impugnaciones”.

-¿Qué pasa cuando se gana todo jurídicamente, y también en las movilizaciones, y se sigue operando?

-El respeto al estado de derecho en México es selectivo. Hay casos en los que se cumple, pero hay otros que, sin entender las causas, se ve influencia de ciertos poderes políticos y económicos. El estado de derecho no se respeta en nuestro país en casos especiales. Hay intereses oscuros detrás de esas obras públicas, donde existen desacatos a las órdenes del poder judicial, se rompen las divisiones de poderes y el respeto al estado de derecho.

Estamos convencidos de que si esta misma situación sucediera en otro país, donde hubiera pleno respeto al estado de derecho, esa obra no ni siquiera se hubiera adjudicado. Por lo mismo hay una denuncia de juicio político en la Cámara de Diputados desde el 2011 contra Guillermo Padres, pero está congelada.

El equipo jurídico continuará puntualmente vigilando cada uno de los juicios hasta que lleguen a su fin. Nosotros pensábamos que a estas alturas ya no debería de haber conflicto jurídico, pues son cuatro años ya. Ha sido tal la rebeldía del gobierno del estado en complicidad con el federal, que esto ha llevado a un cúmulo de juicios nuevos, pero hay un gran avance.

Fuente: Suplemento Ojarasca, La Jornada