Derechos de propiedad intelectual

"La realidad es que sobre todo en América Latina, la esclavitud vuelve a tener nombre de multinacional. Algunos países como Chile han parado in extremis la llamada “Ley Monsanto” por la que cualquier empresa puede cobrar derechos intelectuales y en exclusiva de sus semillas. El problema no sería tan grave si la gente pagase por la semilla y si la cosecha es buena, recogiese las semillas resultantes y pudiese cultivarlas de nuevo. Pero la avaricia no tiene fondo cuando hablamos del dinero que genera hambre."

En las vísperas de la presentación en segunda discusión de la nueva Ley de Semillas, como Poder Popular en ejercicio constituyente solicitamos conocer las últimas observaciones realizadas por el Ministerio del Poder Popular de Agricultura y tierras el pasado 29 de abril en reunión realizada en dicho ministerio con los diputados Manuel Briceño y José Alfredo Ureña, acompañados por la dirección de Investigación y Asesoría jurídica de la Asamblea Nacional, reunión que fue anunciada por las redes sociales.

Les solicitó a ADM, Toepfer y Compañía Argentina de Granos que informen si firmaron un contrato con Monsanto donde se establece que les deben exigir a los productores el pago de regalías a partir de controles privados de la biotecnología.

Una evaluación de impacto de los derechos humanos de UPOV 1991, basado en estudios de caso en Kenia, Perú, y Filipinas. La UPOV 91 restringe parcialmente el uso de semillas/materiales de propagación conservados en la finca de variedades protegidas por la protección de variedades vegetales y prohíbe a los agricultores su intercambio y venta.

Diez empresas controlan el 67% del mercado mundial de semillas. Las tres mayores, Monsanto, DuPont y Sygenta poseen casi la mitad de esta fuerza que va en aumento. Hay que tener en cuenta que para el 70% de los más desfavorecidos que viven en zonas rurales, la agricultura es la mayor fuente de trabajo e ingresos.

Una cláusula que le permite a la multinacional Monsanto cobrar regalías por el "derecho intelectual" sobre semillas transgénicas de soja resistentes a insectos, comenzó a regir a partir del 1° de abril en la Argentina. La norma obliga al productor a autorizar la realización de un análisis diseñado por esa compañía sobre la soja entregada para detectar el contenido de su semilla "Intacta RR2 PRO" y retener un importe en concepto de "regalías".

Las semillas campesinas – uno de los pilares de la producción de alimentos – están sometidas a un ataque por todas partes. La presión de las corporaciones está impulsando, en muchos países, leyes que limitan crecientemente el rango de lo que los agricultores pueden hacer con sus propias semillas.

Hablamos con Melina Zocchi, delegada de ATE en la seccional Catamarca de la Secretaría de Agricultura Familiar e integrante de la coordinación gremial nacional de ATE, sobre los desafíos del sector en la actualidad. Ella se refirió específicamente a lo que significa un proyecto de Ley de Semillas como el que impulsa el Ejecutivo, junto a las corporaciones, antagónico a la posibilidad del fortalecimiento de la soberanía alimentaria.