Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

La antropóloga feminista recibió el título Honoris Causa de la Universidad Nacional de Catamarca. Durante la entrega del reconocimiento denunció el vínculo entre esa casa de estudios y el extractivismo minero. Asimismo, detalló la relación entre la mirada patriarcal que agrede el cuerpo de las mujeres y la perspectiva del norte global que despoja territorios, culturas y saberes.

El retiro inmediato del Proyecto CPTPP del Senado, haciendo uso de la facultad presidencial conferida por el Artículo 132 del Reglamento del Senado, es la vía ineludible que señalamos, para no actuar como un cómplice pasivo de un senado que mayoritariamente legisla a espaldas de las demandas populares y en favor de los grandes grupos económicos. 

Cinco comunidades de la Nación Chapra se han visto afectadas por derrame ocurrido en el kilómetro 177 del Oleoducto Norperuano. La cifra podría aumentar de no contenerse pronto.

Organizaciones comunitarias y sociales han estado denunciando durante años a lo largo de Chile los graves impactos causados en sus territorios por centenares de proyectos, presentados como fuentes de energía “verde”, “limpia” o “renovable” para una supuesta transición energética justa que no toma en cuenta los derechos, necesidades e intereses de la mayoría de la población.

Diego Montón, líder de CLOC-Vía Campesina, habló para Dejusticia sobre los retos que tiene el movimiento campesino mundial para traducir la declaración de la ONU en una herramienta que garantice derechos.

Representantes de los pueblos maseual, tutunakú y mestizo de la Sierra Norte de Puebla viajarán al Palacio Nacional para exigirle al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que detenga la entrega de concesiones mineras en la región, como parte de los acuerdos de la 34 Asamblea por la Defensa del Territorio y la Construcción de Planes de Vida.

La localidad bonaerense de General Rodríguez reunió a asambleístas, productores de la agricultura familiar, trabajadores de la economía social, agrónomos, docentes, investigadores, vecinos y vecinas para trascender la lucha contra los agrotóxicos y proponer acciones concretas que modifiquen el modelo de producción, el acceso a los alimentos y el cuidado del ambiente.

Con una movilización frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Zócalo de la Ciudad de México, las 65 comunidades del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) se manifestaron en defensa de las autonomías indígenas y contra la criminalización de sus procesos organizativos.