Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

“Voces a prueba de balas” es el nombre de la campaña que toma los discursos de 11 defensores y defensoras de derechos humanos que están amenazados en Colombia.

Sinar Corzo era defensor de derechos humanos, presidente del Comité Ciudadano por la Defensa de los Derechos Humanos “El Coloso de Piedra”, reconocido por su defensa del derecho al agua, la salud, la seguridad y los servicios básicos para ciudadanos de diversas comunidades en México. Fue asesinado en la noche del 3 de enero por personas que le dispararon desde una moto en el municipio de Arriaga (Chiapas).

Piden prisión perpetua para asesinos de Berta Cáceres. COPINH exigió que se cancele concesión del río Gualcarque por Agua Zarca.

Entre las medidas están la extinción de 7 ministerios y la exclusión de la población LGBT de políticas en DD.HH. En su primer día como mandatario, Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal (PSL) anunció una serie de decretos a través de la Medida Provisional N° 870, además de otros tres decretos que alteran brutalmente la estructura institucional republicana brasileña.

Las comunas ancestrales de la costa han venido sufriendo el despojo de sus tierras por parte de intereses de empresas dedicadas al agronegocio, las camaroneras, a las urbanizaciones de lujo o fincas playeras. Estos despojos buscan concretarse a través de títulos de propiedad forjados, ocupación ilegítima, intimidación a líderes comunales, represión y judicialización a quienes se oponen a estas prácticas y despojos.

El hecho ocurrió mientras tomaba imágenes de los basureros petroleros ubicados en el Parque Industrial. La policía lo golpeó y le secuestró sus equipos. El secreto y la falta de transparencia como parte constitutiva de esta política hidrocarburífera. Mañana se presentará una denuncia ante la fiscalía provincial de Neuquén.

En este último repaso semanal de noticias de 2018 en Radio Mundo Real, analizamos la condena al defensor mapuche Facundo Jones Huala en Chile y recordamos las propuestas y exigencias del 9º Tribunal Ético de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas-ANAMURI para denunciar el terrorismo de Estado y la violencia empresarial contra las trabajadoras.

La historia se repite: En la madrugada del 6 de enero, hombres desconocidos y armados irrumpieron en una finca de la vereda San Isidro, zona rural de Bonda de la ciudad de Santa Marta, en donde se encontraba la lideresa social Maritza Quiroz Leiva, la asesinaron fríamente, aunque la Corte Constitucional había solicitado protección para su vida.