Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"Expresamos nuestro llamamiento a poner fin a todas las formas de represión, crímenes políticos y restricción de las libertades de los cuales el pueblo sudanés y sus fuerzas vivas y democráticas son víctimas, y cuyo objetivo es oponerse a la revolución y sumir al país en una espiral de violencia".

Diversas organizaciones y personalidades en materia de derechos humanos, medio ambiente y procesos sociales de una quincena de Países, emplazan al Estado Colombiano y sus gobernantes, encabezado por el Presidente de la República Iván Dique, ante lo que han denominado “El incumplimiento de obligaciones en derechos humanos y el derecho internacional humanitario ante los sistemáticos crímenes de lesa humanidad en contra de líderes sociales”.

A 39 meses del asesinato de la lideresa social y feminista, aún no hay sentencia escrita y los autores intelectuales caminan impunes.

"No Ministério da “Destruição” do Meio Ambiente, temos assistido atônitos a implantação de uma política pública do desastre (e desastres são sempre socialmente desiguais), por meio de um plano de aceleração do holocausto ecológico. Este talvez o mais cruel e violento de todos os projetos do novo fascismo de Bolsonaro: aquele que vai inviabilizar a vida das próximas gerações de brasileiros, promover o colapso ecológico e exterminar tantas outras vidas não humanas".

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) exigió a la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Honduras no dilatar la sentencia en contra de los autores intelectuales del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.

Durante el feriado del 24 de mayo la sede de Acción Ecológica fue robada por personas desconocidas que se llevaron dos computadoras, sin sustraer ningún otro objeto. En las computadoras robadas había información relevante sobre campañas relacionadas con la defensa territorial frente a la actividad petrolera y el trabajo con las Mujeres Amazónicas Defensoras de la Selva. 

Continúa la resistencia de los productores agropecuarios del distrito de Barú, provincia de Chiriquí, ante el desalojo en favor de la Transnacional Del Monte y su filial Banapiña.

Sonia, Celina, Graciela y Mariela son mujeres campesinas, luchadoras, madres de familia, hijas, sobrinas, nietas, conscientes de su rol como defensoras del ambiente. Ellas junto con numerosas personas de la comunidad “Mariscal López”, distrito de Capiibary Dpto. de San Pedro, se opusieron a la fumigación con agrotóxicos sobre su comunidad, por este motivo el Ministerio Público las criminaliza.