Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

El 4 de diciembre de 1950 la Asamblea General de las Naciones Unidas invitó a todos los Estados y organizaciones de la sociedad civil a adoptar el 10 de diciembre como Día de los Derechos del Hombre a fin de que “ redoblen sus esfuerzos por lograr que la humanidad realice nuevos progresos en este campo1”.

El 28 de noviembre pasado el municipio autónomo de San Juan Copala, en el estado de Oaxaca, fue agredido en tres frentes simultáneos. Mientras la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) cerraba la única entrada a la cabecera, otros grupos armados apostados en los cerros que lo rodean comenzaron a disparar indiscriminadamente sobre la población.

"Protestamos lo necesario por el delito de homicidio cometido a Mariano Abarca Roblero. Pedimos y exigimos enérgicamente que se investigue a fondo este crimen y los que resulten en contra de quien o quienes resulten responsables se castiguen con todo el peso de la ley, así mismo como a los autores intelectuales y materiales de este asesinato."

"La presencia de la empresa minera Río Blanco Copper ha sido contestada desde su llegada en el 2002. En dos marchas pacíficas en abril 2004 y julio 2005 murieron dos dirigentes campesinos. Recien en octubre 2009, en consecuencia de la tortura de 28 campesinos en el campamento minero durante la segunda marcha, los fondos de la empresa fueron congelados. En noviembre 2009, tres personas más murieron durante un ataque al campamento minero..."

En abril de 1995, José Ángel Gurría, entonces secretario de Relaciones Exteriores, declaró que el zapatismo era una guerra de tinta e Internet. Ahora, 14 años después, son los gobiernos federal y de Chiapas los que han lanzado una gran ofensiva de de-sinformación en contra de los rebeldes, los grupos defensores de derechos humanos y los movimientos sociales disidentes en ese estado.

Mentras se llevaba a cabo la caravana del triunfo de la resistencia, entre las cinco y seis de la tarde, fue nuevamente asaltada, “de forma violenta” la oficina de la organización social Vía Campesina, que preside el dirigente del Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de estado, Rafael Alegría.

Repudiamos categóricamente el asesinato del compañero Mariano Abarca, luchador popular que durante años encabezó el rechazo al proyecto minero de la empresa canadiense Blackfire y miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)/Chiapas.

Veinte años después de la construcción de la presa Cerro del Oro, las consecuencias para los 26 mil campesinos afectados han sido devastadoras. Las autoridades criminalizan a quienes siguen reivindicando sus derechos. Juan Zamora y Porfirio Méndez, veteranos luchadores sociales, indígenas chinantecos y representantes de los desalojados de 55 comunidades chinantecas, han sido denunciados injustamente. Firme hoy mismo una carta para se desista de una acción penal contra ellos.