Agrotóxicos

Cuando el dictamen de un Comité científico no aplica el Principio de Precaución para demostrar que un producto es inocuo, existiendo datos de organismos mundiales e independientes de que puede haber riesgo grave para la salud pública, podemos considerarlo de muy poco rigor o inclinado a la defensa del interés comercial lucrativo de quien lo fabrica. Hablamos del glifosato.

La concentración de la tierra, disputas, ilegalidades, proletarización rural y los problemas ambientales, generaron la consolidación de movimientos sociales contrarios al agronegocio y favorables a la soberanía alimentaria de las comunidades.

Argentina consume por año 300 millones de litros de Glifosato, superada solo por Brasil –con 1.000 millones–, y Estados Unidos. También en Uruguay, México y Paraguay el uso del agroquímico y sus similares es masivo. A pesar de las muchas evidencias que dan cuenta de que el uso de estas sustancias es nocivo para la salud de humanos y la causa de la degradación ambiental que hoy llega a niveles alarmantes, Estados, corporaciones y organismos internacionales apuestan a lo que llaman “Buenas Prácticas Agrícolas” como una salida posible al problema que se esconde detrás de la punta del iceberg.

El viernes próximo se cumple otro año de una de las peores tragedias ambientales ocurridas en México. 

Un jurado de California ha concedido una indemnización de más de 2.000 millones de dólares a una pareja que denunció que el herbicida Roundup de Bayer había causado el cáncer que padecen, la tercera sentencia contra la empresa alemana sobre este químico.

Este lunes 12 de mayo un nuevo jurado de EE.UU encontró al Roundup culpable de producir cáncer y a Monsanto culpable por ocultar con malicia información sobre la peligrosidad de su herbicida a base de glifosato. 

La investigación de la televisión pública francesa reveló que una agencia contratada por la multinacional recolectaba información para armar perfiles y, así, diseñar estrategias de lobby personalizadas, según fueran aliados”, “potenciales aliados a reclutar”, “a educar” o “a vigilar”.

O tema foi discutido no seminário por movimentos populares, parlamentares, entidades ambientalistas e universidades.