Un paso más para acabar con el reinado de los plaguicidas
El viernes próximo se cumple otro año de una de las peores tragedias ambientales ocurridas en México.
En 1991 estalló y se incendió un local repleto de plaguicidas en Córdoba, Veracruz. Ubicado en plena zona urbana y a unos pasos de varias escuelas, funcionó impunemente con el apoyo de las autoridades sanitarias durante tres décadas. No intervinieron ni cuando las maestras de una escuela cercana se quejaron porque los niños sufrían mareos cuando en el local de Agricultura Nacional de Veracruz, Anaversa, se preparaban fórmulas agroquímicas. El incendio fue mal apagado, el sitio no ha sido restaurado y hasta se intentó levantar allí un mercado. Solamente muchos años después, los culpables directos de esa tragedia fueron citados por las autoridades ya que existe en contra de ellos una demanda interpuesta por los afectados.
Recuerdo el caso de Anaversa porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió la Recomendación 82/2018 a Josefa González Blanco, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; a Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural; a José Alonso Novelo Baeza, comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y a Javier Trujillo Arriaga, director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, por la mala gestión de los plaguicidas en México, en particular aquellos altamente peligrosos. La CNDH considera que se están violando los derechos humanos a la alimentación, al agua salobre, a un medio ambiente sano y a la salud. Además de atentar contra la biodiversidad. Destaca el incumplimiento de la obligación que tiene el sector público para normar o prohibir la comercialización y uso de tales sustancias.
La recomendación es fruto de la queja que en julio y agosto de 2017 interpusieron 43 grupos de la sociedad civil. Se inconformaron por falta de acciones administrativas para restringir el uso de los plaguicidas altamente tóxicos. Así lo documentan, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Red de Acción en Plaguicidas. Por eso su uso está prohibido incluso por Tratados Internacionales de los que México es parte, como el Protocolo de Montreal y los Convenios de Rótterdam y Estocolmo.
Las dependencias oficiales a las que se envió la recomendación aceptaron rápidamente darle cabal cumplimiento y realizar todas las acciones de planeación, coordinación, regulación, colaboración y capacitación que derivan de dicha recomendación. Para ello, establecerán mecanismos decoordinación a fin de poner en marcha diversas acciones, entre las que destaca la conformación del Comité Especializado en Identificación e Investigación sobre Efectos Adversos de los Plaguicidas Altamente Peligrosos (Ceiieapap).
La CNDH mandó una copia de la Recomendación al Congreso de la Unión, exhortándolo a considerar los argumentos expuestos en dicho documento. Esto con el fin de que el Poder Legislativo realice las modificaciones legales necesarias en las diversas leyes que involucren el tema de plaguicidas. Es el caso de la Ley General de Salud, la del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
De gran ayuda sería que los funcionarios y los legisladores que tienen la obligación de resolver tan importante problema nacional leyeran dos libros fundamentales: Plaguicidas y salud y Plaguicidad y ambiente. Sus autoras: la doctora Lilia América Albert, toxicóloga ampliamente conocida y que ha ofrecido en La Jornada sus autorizadas opiniones sobre esas sustancias y sus nocivos efectos. La otra es la maestra en ciencias toxicológicas Alma Delia Viveros Ruiz, también experta en el tema.
Especialmente en Plaguicidas y ambiente, recién publicado, la doctora Albert efectúa un minucioso análisis de las leyes, reglamentos, normas y demás andamia-je relacionado con los plaguicidas. Se trata de una herramienta fundamental para que las autoridades de la Cuarta Transformación hagan efectiva su promesa de garantizarnos el derecho constitucional a la salud y a disfrutar de un ambiente sano.
Fuente: La Jornada