Agrotóxicos

Una nueva evaluación del glifosato deja en evidencia aspectos de la regulación de la seguridad de los productos químicos, que en general permanecen ocultos a la vista pública. ¿Qué se debe hacer en Argentina?

La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), órgano dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 22 de Junio de 2015 emitió su revisión sobre el agrotóxico 2,4-D ácido diclorofenoxiacético clasificándolo como posiblemente cancerígeno para los seres humanos.

Hace apenas cuatro años, quien esto escribe, recibió de parte del Director de Producción del municipio en el cual vive, la siguente respuesta “…pero tanto lío por el glifosato! Si te podés tomar un vasito que no te hace nada!”. Esa era, palabras más, palabras menos, la misma respuesta que se dio a lo largo de cuarenta años, ya que en el mundo –dice CASAFE [1]- se usa desde 1974.

La Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba confirmó la elevación a juicio de la “causa madre” por contaminación dolosa con agroquímicos en barrio Ituzaingó Anexo. El tribunal resolvió por unanimidad rechazar los recursos de apelación presentados por la defensa de los imputados, informó a La Voz el abogado querellante Carlos Nayi. Así la Cámara de Acusación mantuvo el criterio del juez de Control, Carlos María Romero. El juicio se desarrollará en la Cámara Séptima del Crimen, conformada por Víctor María Vélez, Ricardo Iriarte y Carlos Ruiz.

El Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Lago Puelo, sancionó una ordenanza para prohibir el uso del glifosato.

En los campos agrícolas de México se sigue aplicando 91 plaguicidas “altamente peligrosos”, que están prohibidos en otros países porque su nivel de toxicidad puede producir efectos crónicos en la salud en el largo plazo, provocar daños reproductivos o mutagénicos, son posibles carcinógenos y afectan al medio ambiente.

Un grupo de más de 80 científicos de todo el mundo están pidiendo a los gobiernos a todos los niveles prohibir la fumigación de herbicidas de glifosato, basándose en la abrumadora evidencia de estudios científicos y declaraciones de testigos recopiladas por dicho grupo.

Del 23 de febrero al 6 de marzo pasados, en su 54° sesión ordinaria, el Comité mencionado analizó cómo los Estados de Paraguay, Tajikistán y Gambia garantizaron los derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.